Disponible el primer número de la Revista de Derecho Privado

El número 1 de la Revista de Derecho Privado correspondiente a los meses de enero y febrero, ya está a vuestra disposición. La revista bajo la dirección de Silvia Díaz Alabart reúne los siguientes trabajos:

Cubierta de la Revista de Derecho Privado 01/2017

La responsabilidad parental y su ejercicio en supuestos de falta de convivencia de los progenitores: regulación actual del código civil y perspectivas de futuro, de María Herminia Campuzano Tomé.
Extracto: La Ley 26/2015 ha introducido en el Código Civil la expresión responsabilidad parental como equivalente a patria potestad, dejando configurada la institución como función comprensiva de un conjunto de derechos y facultades atribuidos a ambos progenitores como consecuencia de la relación jurídica de filiación. Valorando positivamente la correspondencia terminológica efectuada, y admitiendo que a través de ella el legislador ha dado un paso importante para introducir en nuestro Ordenamiento Jurídico la figura de la responsabilidad parental como ejercicio de una función que, en todo caso, ha de corresponder a ambos progenitores por el simple hecho de la relación jurídica de filiación, falta aún mucho camino por recorrer. La actual regulación de la patria potestad en el Código Civil es confusa; la disociación existente entre titularidad y ejercicio de la patria potestad conlleva en la práctica serias dificultades de interpretación y conciliación con la regulación de la guarda y custodia de los hijos en los casos de falta de convivencia entre los progenitores, máxime, cuando aquella es atribuida de forma exclusiva a uno de los progenitores, dejando conferido al otro un mero derecho de visitas. Palabras clave: patria potestad; responsabilidad parental; corresponsabilidad parental; guarda y custodia; custodia compartida; derecho de visitas; ruptura de la convivencia.

A favor de una regulación unitaria de la teoría general del derecho español de obligaciones y contratos: reflexiones de un mercantilista, de Luis María Miranda Serrano.
Extracto: En este trabajo el autor reflexiona desde una perspectiva mercantilista sobre el que, a su juicio, se presenta como el principal reto de política legislativa que ha de afrontar el sector del ordenamiento jurídico integrado por las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos mercantiles: la derogación de las normas vigentes y su reemplazamiento por una regulación unitaria que ponga fin a la dualidad legislativa (civil-mercantil) hasta ahora existente, que tantos problemas viene causando, sobre todo por la falta de criterios legales sólidos sobre los que se apoyan muchas de las normas que desde la época de la codificación vienen considerándose —con más voluntad que fundamento— especialidades mercantiles. En opinión del autor, dos son los argumentos que justifican esta solución.
El primero es de carácter legislativo, toda vez que la solución unitaria es la tendencia que viene apreciándose desde hace algunas décadas en los ámbitos internacional y supranacional.
El segundo posee carácter dogmático, ya que la refundición de las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos mercantiles en una regulación unitaria es la tesis que ha venido gozando de mayor aceptación en la doctrina mercantilista española, al menos durante la segunda mitad de la pasada centuria. Junto a lo anterior, se presta también atención en estas páginas a los contenidos principales que el Derecho mercantil contemporáneo está en condiciones de aportar a dicha regulación unitaria.
Con tal fin se analizan los extremos del Libro Cuarto del Anteproyecto de Ley del Código Mercantil de 2014 que, en opinión del autor, constituirían las aportaciones más relevantes en la materia.
El responsable no debía hacer algo que, sin embargo, hizo. El art. 1258 del Código Civil Español proporciona un concepto sumamente útil a esta idea en cuanto expresa que los contratos perfeccionados «no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». Un precepto análogo contiene el nuevo art. 961 del Código Civil y Comercial de Argentina.

La cláusula penal (en el Derecho puertorriqueño), de Pedro F. Silva-Ruiz.
Extracto: El autor expone que se entiende por cláusula penal y cuáles son sus funciones (liquidadora de los perjuicios resultantes del incumplimiento; coercitiva o de estimulo, entre otras). Discute la doctrina de los «liquidated damages» (daños líquidos) del «common law», distinguiéndola la una de la otra. Estudio de propuestas
recientes para modificar el régimen de la cláusula penal: en el Código Europeo de Contratos de la Academia de Pavía; los Principios del Derecho Europeo de Contratos y la Comisión General de Codificación de España. Concluye evaluando el propuesto art. 28 (cláusula penal) del anteproyecto de Código Civil, elaborado por una comisión de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Crítica constructiva. Reescribir el artículo de referencia previa es indispensable.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

  • Recensión: Régimes matrimoniaux de participations aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre époux en europe, dirigida por Elena Lauroba Lacasa y Maria Esperança Ginebra Molins y coordinada por Jaume Tarabal Bosch, por Isabel Viola Demestre

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O también:

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El Feminicidio en Paraguay

Rubias, morenas, altas, bajas, gordas, flacas, trabajadoras, desocupadas, jóvenes, maduras, pobres, ricas, con hijos, sin hijos, con título universitario o no; ellas sin haberlo deseado conforman silenciosamente parte del informe “Violencia contra las mujeres en Paraguay: avances y desafíos”, de hecho fueron protagonistas al encontrarse en el segmento denominado “víctimas”.

El 24 de enero de 2017 ONU Mujeres informó que una mujer es víctima de Feminicidio cada 9 días y medio en Paraguay, una cifra aterradora.

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También informó que en el año 2016 nueve de cada diez de esas víctimas fueron matadas por sus parejas o exparejas. En el citado estudio consta que entre el 85% y el 95 % de las víctimas de violencia son mujeres, y a su vez de estos casos entre el 60% y el 80% aparece como victimario la pareja o ex pareja. Para esto se utilizaron los registros obrantes en el Ministerio de la Mujer de la República del Paraguay.

ministerio de la mujerEn el período de tiempo comprendido entre el 2011 y 2014, el 79% de las víctimas de estos hechos fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Para ser más ilustrativos en el informe se cuantificó que de las 75 mujeres víctimas entre 2011 y 2014, 33 de ellas fueron asesinadas por sus concubinos, 13 por sus esposos y 13 por sus exesposos, a tal efecto se citó al Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional.

Si damos rienda suelta a nuestra imaginación es muy probable que dentro de los números que forman las estadísticas alguna víctima haya permanecido callada ante hechos de violencia que padecía antes de perder la vida, otra de ellas tal vez se lo contó a alguna amiga bajo la promesa de que esto permanezca en absoluto y total secreto, alguna tal vez pensó en denunciarlo pero camino a la sede policial se arrepintió, probablemente quien se animó a denunciar se sintió poco comprendida, y de seguro encontraremos en nuestra mente a quien acudió a la justicia pero de igual manera encontró la muerte. De más está decir que también forman parte de estos números las mujeres que escucharon los pedidos de disculpas y recibieron el delicado ramo de flores en testimonio del arrepentimiento de parte de quien posteriormente le arrebató la vida.

elaborar clausula de protección de datosEfectivamente y no solo en Paraguay, se han incrementado las cifras de los casos sucedidos en los últimos años donde mujeres fallecieron como consecuencia del accionar de sus actuales o anteriores parejas, ONU ha informado que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente en manos de un compañero sentimental, y según ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres es el abuso más generalizado de los derechos humanos y “el feminicidio es su expresión extrema”.

Se han realizado en varias capitales y ciudades de este continente marchas e incluso en las redes sociales se ha creado el hashtag “ni una menos” o “nos queremos vivas” para generar conciencia.

Tristemente los números y casos en el Paraguay han aumentado

Los casos de Feminicidio aumentaron y esto es innegable, ya que en el año 2014 oficialmente se registraron 26 casos (lo que suponía una muerte cada 14 días) en tanto que en el año 2016 los registros dieron cuenta de 39 casos (es decir una muerte cada nueve días)

¿Qué ha hecho el Estado Paraguayo ante este aumento?

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El 26 de diciembre de 2016 en Paraguay se sancionó la «Ley de Protección Integral de Violencia contra la Mujer», si bien en la misma claramente se dispone que la total entrada en vigencia será a partir del año de su publicación, se estableció que al día siguiente de dicha publicación entró a regir el artículo 50 vinculado a los hechos calificados como Feminicidios con expectativa de pena privativa de libertad de 10 a 30 años para el autor.

En este link se encuentra el contenido completo http://www.gacetaoficial.gov.py/index/getDocumento/40556

 Si bien en varios países del continente Americano el Feminicidio ya se encontraba tipificado como hecho punible, en el Paraguay fue imperiosa la necesidad de contar con herramientas legales ante el crecimiento de las cifras que guardan relación con estos casos.

Contar con esta ley es un avance para quienes están potencialmente expuestas a estos hechos, naturalmente deben darse grandes cambios para abordar y combatir el Feminicidio ya que el texto legal por sí solo no hará que los crímenes desaparezcan.

Rocío Pérez Tenace

Rocío Pérez Tenace es abogado. Anuario de propiedad intelectual 2015 Ha colaborado como autora en el Anuario de Propiedad Intelectual Anuario de propiedad intelectual 2015, en el que han participado más de una docena de autores bajo la dirección de Eduardo Serrano Gómez.

Disponible el número 4/2016 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia

El número 4 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia correspondiente a los meses de octubre a diciembre, ya está a vuestra disposición. La revista bajo la dirección de Carlos Rogel Vide reúne los siguientes trabajos:

Cubierta de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia 03/2016

Inserción laboral, conflictos intergeneracionales e inempleabilidad juvenil. Un análisis crítico al hilo de la película
«el becario»
, de Francisco Alemán Páez.
Extracto:La utilización de recursos fílmicos en la docencia universitaria se adecúa a los criterios pedagógicos establecidos por el Espacio Europeo de Educación Superior. En el ámbito del Derecho del trabajo, el cine aborda los problemas laborales actuales de forma muy variada, unas veces lo hace de manera puramente descriptiva, otras lo realiza mediante críticas y denuncia, o incluso se vale de películas de aparente entretenimiento. El presente estudio propone visionar una comedia que, pese a la condición de dicho género fílmico, retrata muy verosímilmente las abruptas transformaciones que vienen produciéndose en el mundo laboral por consecuencia de la revolución tecnológica y la digitalización del trabajo. Esta película, titulada «El becario», trata de dos carreras profesionales: la de una joven jefa-directiva de una empresa dedicada al diseño y gestión de moda «on line»; y la de un «becario» de setenta años que decide regresar a la vida laboral pese a tener la condición de trabajador jubilado.

La responsabilidad postcontractual (un caso de ultraactividad
del contrato)
, de Luis F. P. Leiva.
Extracto: Responsabilidad contractual es la que surge de obligaciones determinadas, derivadas de un acto lícito o de la ley. Y, por el contrario, es extracontractual si emerge de hechos ilícitos delictuales o cuasidelictuales en los que no hay un deber específico violado. Autores franceses, como los Mazeaud, concluyen que no existe un concepto autónomo de responsabilidad postcontractual, porque puede ser tanto contractual como extracontractual, lo que plantea problemas pues ambos sistemas tienen distintas reglas. En el ámbito post¬contractual la responsabilidad se origina en el incumplimiento de prestaciones de no hacer.

El responsable no debía hacer algo que, sin embargo, hizo. El art. 1258 del Código Civil Español proporciona un concepto sumamente útil a esta idea en cuanto expresa que los contratos perfeccionados «no sólo obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley». Un precepto análogo contiene el nuevo art. 961 del Código Civil y Comercial de Argentina.

Protección del patrimonio cultural inmaterial, de Francisca Ramón Fernández.
Extracto: La protección del patrimonio cultural inmaterial ha sido objeto de regulación por la Ley 10/2015, de 26 de mayo. El concepto de patrimonio cultural ha ido cambiando y adaptándose a la tipología de bienes, tanto inmateriales como materiales, y ha sido objeto de debate por parte de la doctrina especializada. Su regulación se ha realizado a nivel internacional, nacional y autonómico. Vamos a realizar un análisis de los conceptos, principios y medidas de protección de los bienes, y los principales bienes protegidos, así como una crítica sobre la Ley y el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Todo ello nos permitirá concluir con una valoración de la Ley y las propuestas de mejora.

Panorámica del daño moral en el Derecho español, de Carlos Rogel Vide.
Extracto: El trabajo se ocupa del análisis de la aparición y desarrollo del daño moral en España, de los tipos posibles del mismo y de los criterios a seguir para su reparación, criticando el auge desmedido de la categoría. Daño moral, podría entenderse el perjuicio injusto, relevante, persistente y extrapatrimonial, que una persona experimente en su ánimo a consecuencia de una omisión, acción o intromisión ilegítima de otra, que ha de responder por ello. Mientras que el daño material implica una disminución del patrimonio o de las cosas que integran éste, el perjuicio sugiere menoscabo, falta de algo en el ámbito del espíritu, del alma. Como dice Díez-Picazo, a falta de norma legal especial, el daño moral es un daño genéricamente subsumible en la norma del artículo 1902 del Código civil español, que dice: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado».

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

  • Estudios de doctorandos: Los contratos domésticos o in house providing como forma de autoorganización administrativa , por Juan Manuel Jódar López.
  • Crónica de Legislación , por Jorge Ortega Doménech.
  • Crónica de Legislación y Jurisprudencia de la Unión Europea , por María Bellido Barrionuevo y Maitane Puente.
  • Crónica de Actualidad Jurídica , por Luis Antonio Anguita Villanueva.
  • Crónica de Jurisprudencia Constitucional, por Alicia Piñar Real.
  • Índice de Voces , por Miguel L Lacruz Mantecón.

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O también:

Alto y claro sobre la protección de la propiedad intelectual en internet – El rincón jurídico de José R. Chaves – delaJusticia.com

José R. ChavesAcabo de leer de un tirón el libro de Moisés Barrio Andrés titulado Derecho Público y Propiedad Intelectual: su protección en Internet (Ed. Reus, 2017) y confieso que me hacía falta leer algo fresco, actualizado y riguroso sobre el estado de una de las cuestiones jurídicas más complejas a las que se enfrenta el Estado moderno.

En efecto, las grescas entre internet y la propiedad intelectual son un lugar de encuentro de las cálidas corrientes del derecho privado con las frías aguas del derecho público. Y es que la lesión de la propiedad intelectual presenta perfiles propios de un ornitorrinco jurídico.

En primer lugar, es propiedad incorporal y como tal multiforme (o multiformato) y susceptible de apropiación virtual, reproducción vertiginosa y tráfico global.

En segundo lugar, existe un trasfondo tecnológico dinámico y escurridizo que presta soporte a la impunidad de los ataques a esta propiedad.

En tercer lugar, son lesiones transfronterizas, que no entienden de fronteras y donde autores y víctimas pueden estar fuera de los confines territoriales del Estado actuante.
Y en cuarto lugar, las fronteras de los clásicos derechos de libertad de expresión y confidencialidad se alzan en coartada de los abusos.

Por si fuera de poco el telón de fondo sociológico no ayuda a adoptar soluciones eficaces. Se trata de una generalizada percepción tolerante de la impunidad de tales conductas pese al esfuerzo de concienciación del valor del producto intelectual y lo pernicioso de saquearlo.

También del amplio tejido de poderosas empresas satélite de estos agujeros negros que se tragan los derechos del creador, particularmente empresas de servicios a la sociedad de la información, empresas de publicidad y otras vinculadas a la oferta de productos tecnológicos.

Con este panorama no resulta nada fácil ofrecer una visión de las tres claves de toda reflexión humana. De dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. Y a las tres responde Moisés en esta obra utilísima. Veamos.
José R. Chaves1. De entrada, este ensayo titulado Derecho Público y Propiedad Intelectual: su protección en Internet, de apenas 145 páginas, constituye una obra bien escrita, con una claridad admirable, que huye de academicismos y que nos ofrece el fenómeno de la protección de la propiedad intelectual en internet para los que somos usuarios de la red (y que lo hacemos “sin la red” de conocer la extensión de los derechos ajenos), y para los juristas, tanto expertos en derecho privado como para los letrados públicos.
Me encanta el frescor de la cita de fuentes americanas (la frase de arranque de Shapiro, quien describe Internet como “una gigantesca maquina de copiado” es elocuente del poder del monstruo).

2. El autor arranca de los orígenes de la propiedad intelectual pues con una rápida pincelada nos menciona los derechos de publicación de un impresor veneciano en el siglo XVI, se apoya en la proclamación del derecho de autor por ley de los revolucionarios franceses de 1793 y aterriza en nuestra legislación de propiedad intelectual.

A partir de aquí, nos muestra la técnica de ensayo y error de nuestro legislador. Primero nos expone el ropaje técnico de los modelos ilegales (centralización de contenidos, redes P2P y sistemas de agregación de enlaces) y a continuación con estilo salomónico nos ofrece la tensión entre los partidarios de riendas sueltas a internet por su servicio a la difusión de la cultura y los partidarios de refrenarlo para garantizar la creación y la rentabilidad del autor.

José R. ChavesA continuación examina las medidas penales y las acciones civiles del ordenamiento jurídico español para combatir los excesos del saqueo de la propiedad intelectual, y lo hace con una facilidad pasmosa, pues con la técnica propia de letrado del Consejo de Estado, parte de la norma legal, nos indica el fruto de los casos judiciales mas sonados y se ultima con el diagnóstico certero, convincentemente pesimista sobre tales vías clásicas de represión, ambas con los pies de barro de las sagradas conquistas del secreto de las comunicaciones así como la libertad de expresión.
No falta la oportunísima referencia a las Directivas comunitarias y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (casos Sanoma-Playboy/ GS Media o Promusicae), como tampoco la reflexión sobre las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley de Propiedad Intelectual y del Código Penal para remendar la red rota por los escualos que navegan por internet.

Así el autor nos lleva al tercer frente de lucha en defensa de la propiedad intelectual, tributo a la imaginación del legislador, constituido por la vía administrativa, la famosa Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, incorporada por Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de Economía Sostenible, que tomando préstamos del modelo americano (responsabilidad de los proveedores de servicio frente a los infractores sin intromisiones del poder público en una especie de “duelo” de particulares) y del modelo francés (responsabilidad pública de vigilancia y represión) se ha construido como un modelo híbrido que, como las especies cruzadas, suelen ser estériles en cuanto a fertilidad, ya que por lo que expone el autor, la citada Comisión de Propiedad Intelectual resulta mas voluntarista que eficaz, pese a la reciente reforma operada por Ley 21/2014, de 4 de Noviembre (que me atreví a comentar en su día con rápida frivolidad y menor rigor que la obra ahora comentada).

No falta el análisis de esta nueva potestad de la citada Comisión que se añade a las clásicas funciones de mediación y arbitraje, como una potestad de tutela del restablecimiento de la legalidad (que participa de la naturaleza de las acciones de restablecimiento de la legalidad urbanística), pero sin carácter sancionador, y que en todo caso cuenta con la garantía judicial de la necesaria autorización de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando se trata de imponer las medidas mas gravosas y susceptibles de comprometer los derechos fundamentales de los posibles implicados en la lesión de los derechos de propiedad intelectual.

La obra continúa analizando con detalle y claridad el procedimiento de actuación de la Sección segunda, con sus ventajas y límites, y además me complace que el autor da cuenta de que no actúa en espacios virtualmente inocuos (curioso principio de intervención mínima) pues

Según la interpretación que sigue la Comisión, que el sujeto activo desarrolle con él una “actividad económica”. Según la tesis de ésta, se excluyen servicios prestados por usuarios particulares (como blogs personales), y también quedan fuera del procedimiento conductas como el intercambio de archivos en redes P2P por meros usuarios, ya que los usuarios particulares carecen de la condición de prestadores de servicios de la información.

José R. ChavesTambién desmenuza la obra los efectos de tales medidas frente a los proveedores de internet intermediarios, con referencia a la responsabilidad sancionadora de éstos y de los responsables directos. Todo con indicación de la problemática de los conceptos jurídicos indeterminados manejados por la ley y de compleja identificación práctica (“deberes de diligencia”, “labor activa y neutral”, “repercusión social”, etc) así como de las medidas cautelares, criterios judiciales y consecuencias prácticas.

Al final de la lectura, me queda la infantil sensación de que los infractores son como el Correcaminos delante del Coyote, aunque en este caso el Coyote es un perro guardián de la propiedad.
Lo cierto es que coincido plenamente con la conclusión del autor que pone sus esperanzas en la necesaria regulación a nivel comunitario para tutelar el flujo leal y respetuoso de derechos de propiedad intelectual en red, con mecanismos ágiles en denuncias y respuestas, pero con garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos que usan los servicios de internet.

Y por supuesto no he podido menos de sonreír al leer su última reflexión recomendando al legislador que pause la introducción de nuevos cambios legislativos hasta que se fijen metodologías y criterios rigurosos, de manera que las propuestas normativas

Sean primero minuciosamente evaluadas y probadas de cara a garantizar su efectividad real, al tiempo que también sea auditada la regulación vigente tras los cambios de 2014 y 2015.

Sin duda, el fenómeno de internet y la defensa de la propiedad intelectual requieren buena técnica legislativa, meditada y sin experimentos. Ni legisladores desbocados ni legisladores atropellados. Acción después de la reflexion.

3. En fin, este librito (así calificable por su volumen y fácil manejo, pero no por su altísima calidad de erudición y densidad expositiva) se ofrece como la parte visible del iceberg de conocimientos del autor que ha reservado para su exitosa tesis doctoral titulada “Internet y derecho público: responsabilidad de los proveedores de Internet” dirigida nada menos que por Santiago Muñoz Machado y Tomás de La Quadra-Salcedo.

De ahí que recomiende vivamente su lectura porque los tiempos de la problemática de la enfiteusis han cambiado. Ahora hay que estar al derecho vivo y los problemas reales, y esta obra nos ayuda a pisar con firmeza en conceptos y escenarios que algunos legos siempre hemos mirado con prevención y duda.

Alto y claro sobre la protección de la propiedad intelectual en internet – El rincón jurídico de José R. Chaves – delaJusticia.com.

COVERDIAEUROPEOPROTECCIONDEDATOS

10 consejos en y para el Día de la Protección de Datos

Cada 28 de enero, desde el año 2007, se celebra el día de la protección de datos. Dicha fecha es también una oportunidad para revisar si se cuenta con un programa de cumplimiento que sirva para proteger, entre otros, a clientes y/o usuarios, así como empleados, en su derecho fundamental a la protección de datos personales.

Es necesario tener en consideración que los derechos fundamentales, entre ellos el relativo a la protección de datos personales, es también una obligación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES).

Es así que este 28 de enero es un buen momento para poner en práctica algunos consejos prácticos en la materia:

gestionar el riesgo imagen 1. Gestionar el riesgo que pueda implicar todo tratamiento de datos personales: Como cualquier otra acción, tratar datos personales implica un riesgo que hay que identificar, conocer y gestionar. Hay que saber qué datos personales se tratan y qué riesgo puede suponer, en su caso, para la persona a la que se refieren.

elaborar clausula de protección de datos2. Elaborar una cláusula de protección de datos: En atención a los mecanismos, formularios u otros instrumentos utilizados para obtener datos personales de los interesados, de manera que se les proporcione, de forma clara, sencilla y transparente, toda la información necesaria. Al respecto, es importante recordar el uso de cookies.

Notificar la inscripción, modificación o supresión de ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)3. Notificar la inscripción, modificación o supresión de ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): Si bien esta obligación desaparecerá en 2018, hay que cumplir con las obligaciones exigibles actualmente conforme a lo previsto en la LOPD y su Reglamento de desarrollo.

Obtener el consentimiento necesario para el tratamiento de datos personales4. Obtener el consentimiento necesario para el tratamiento de datos personales: Debiendo adoptar medidas para gestionarlo adecuadamente y poder probar su obtención.

Adoptar e implementar medidas de seguridad 5. Adoptar e implementar medidas de seguridad: Se trata de una obligación que requiere acciones diarias, revisando que se tienen las medidas necesarias y, en su caso, mejorándolas en atención a los riesgos constantes. Es importante asegurar también que quienes traten los datos personales cumplan con la obligación de confidencialidad.

Implementar un procedimiento de atención al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO)6. Implementar un procedimiento de atención al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO): Siendo recomendable contar con un procedimiento para la atención eficiente a los mismos.

Política de privacidad y otras obligaciones legales7. Política de privacidad y otras obligaciones legales:: En caso de sitios, páginas web o blogs, puede ser necesario cumplir también con la normativa sobre comercio electrónico y servicios de la sociedad de la información, siendo un lugar adecuado para incluir una política de privacidad.

videovigilancia8. Videovigilancia:: En caso de que se tengan videocámaras en instalaciones físicas, hay que asegurase de cómo se usan y del cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales.

9. Formación y concienciación a quienes traten datos personales:9. Formación y concienciación a quienes traten datos personales: Se debe proporcionar formación continua y actualizada a quienes participen en el tratamiento de los datos personales en la organización.

Buscar encargados del tratamiento responsables10. Buscar encargados del tratamiento responsables:: Ya que la protección de datos personales hay que garantizarla siempre, si se contratan servicios de terceros que impliquen el acceso y tratamiento de los datos personales, como, por ejemplo, servicios de nube, elaboración de facturas y/o nóminas, es importante que el encargado del tratamiento garantice también el cumplimiento en materia de protección de datos y que el tratamiento se haga sobre la base de un contrato, cláusulas contractuales u otro instrumento jurídico entre ambas partes.

Contar con un programa de cumplimiento integral y adecuado es, también, una oportunidad para generar confianza, lo que se consigue siendo responsable para así poder asegurar el derecho fundamental a la protección de datos personales.

Miguel Recio Gayo

Miguel Recio Gayo es abogado y Master en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información.reglamentogeneraldeprotecciondedatos
Ha coordinado y es autor en el libro titulado Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, en el que han participado más de una treintena de autores bajo la dirección del Dr. José Luis Piñar Mañas.

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¿Qué hacer para que tratar datos personales no sea una actividad de riesgo?

Toda acción que implica el tratamiento de datos personales implica un riesgo, tanto para quien los trata, ya sea un responsable o encargado del tratamiento, como, en consecuencia, para la persona a la que se refieren los dichos datos personales.

Identificar y conocer el riesgo es fundamental para cumplir con la legislación en materia de protección de datos personales y generar confianza en todas las partes interesadas, la persona a la que se refieren los datos personales, los inversores y accionistas de una empresa, las autoridades competentes y un largo etcétera.

Identificar el riesgo que implica o pueda implicar el tratamiento de los datos personales es el primer paso para evitar vulnerar el derecho fundamental a la protección de datos personales.

señaldepeligroinformáticoAl respecto, es necesario considerar también que la aproximación basada en el riesgo es uno de los pilares sobre los que se basa el Reglamento General de Protección de Datos y que el mismo no es nuevo ya que también se encontraba en el porqué de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En concreto, ya el Considerando 53 de dicha Directiva explicaba que “determinados tratamientos pueden presentar riesgos particulares desde el punto de vista de los derechos y las libertades de los interesados, ya sea por su naturaleza, su alcance o su finalidad, como los de excluir a los interesados del beneficio de un derecho, de una prestación o de un contrato, o por el uso particular de una tecnología nueva”.

Y, siguiendo lo que decía la Directiva, el Reglamento General de Protección de Datos incide, de manera expresa, en la aproximación basada en el riesgo para la imposición de algunas obligaciones tendentes a proteger a la persona por lo que se refiere al tratamiento de sus datos personales.

Una de dichas obligaciones, que al mismo tiempo es una medida adecuada que permite obtener importantes beneficios para cualquier organización, pública o privada, que trate datos personales, como responsable o encargado del tratamiento, es la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (en inglés, Privacy Impact Assessment, PIA).

Guía para una Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales (EIPD)A pesar de que dichas evaluaciones son una de las principales novedades que introduce el Reglamento General de Protección de Datos, es necesario recordar que ya la Agencia Española de Protección de Datos publicó, en 2014, una Guía para una Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales (EIPD) en la que mencionaba también que “la realización de una EIPD es un excelente ejercicio de transparencia, base de una relación de confianza”.

Queda así claro que el tratamiento de datos personales requiere actuar con responsabilidad (en inglés, accountability), adoptando e implementando medidas adecuadas, de manera que no se convierta en un riesgo, vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos personales y, por tanto, pudiendo dar lugar a sanciones económicas en caso de verificación de una infracción, así como la pérdida de confianza y otros daños reputacionales.

reglamentogeneraldeprotecciondedatosTanto la aproximación basada en el riesgo como la evaluación de impacto relativa a la protección de datos son algunas de las cuestiones que se analizan en el libro titulado Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, en el que han participado más de una treintena de autores bajo la dirección del Dr. José Luis Piñar Mañas.




En definitiva, identificar y gestionar el riesgo que implica o puede implicar todo tratamiento de datos personales, en particular cuando éste sea alto para los derechos y libertades de las personas físicas, es tanto una obligación como una media preventiva que permite generar confianza, además de cumplir con la normativa aplicable.

Miguel Recio Gayo

Miguel Recio Gayo es abogado y Master en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información.

De las ovaciones a plagiadores, estafadores, piratas y ladrones

Vivimos en un país en el que no se valora más esfuerzo intelectual que el que cada uno hace. El que hacen los demás para nada sirve. Y por eso, se puede robar y expoliar, ya sea la literatura, el cine, la música o el software

Mi problema es que cada vez que me enfrento al plagio, me llevo alguna pedrada, y la más dolorosa es, precisamente, la de la flojera de las reacciones de terceros, ya sean jueces, responsables universitarios o hasta estudiantes

Me referiré a él como Suárez, a secas. No como “profesor” Suárez, porque para ser profesor hay que profesar la disciplina que una dice impartir y a la que se supone que dedica sus esfuerzos y su ilusión. Son exigencias para con la sociedad, nuestros alumnos, nuestros compañeros de profesión y nuestros maestros. Y Suárez profesa poco. Vaya eso por delante.

Me da absolutamente igual que la aparición y difusión de los plagios de Suárez se deban a una lucha interna de política universitaria. No sé si hay detrás muchas ganas, provenientes de partidos de corte radical, de erosionar la imagen de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y, de paso, de la que ostentó el mismo cargo entre 2003 y 2012. Ignoro si la iniciativa del Comando Zorro −simpática denominación− se alimenta de la necesidad de dar condigna respuesta a la política atribuida a Suárez de cortar las cabezas de cuantos le hacen oposición. Tampoco me importa si todo se debe a la venganza de negros, negreros, proxenetas, sodomitas, aqueos, ostrogodos o hititas que quieren reclamar la retribución por servicios prestados y no pagados. Todo lo que tenga que ver, en fin, con las motivaciones, ocultas o aparentes, me es completamente indiferente, porque esos plagios son hechos objetivos e incontrovertibles. No admiten respuesta, y si se comprueba sólo alguno de ellos, dan asco.

Pero la ovación… Eso ha sido lo más doloroso y repugnante de todo. Que el Consejo de Gobierno de la Universidad (durante el que se debatió sobre el particular y en el que Suárez dimitió y anunció nuevas elecciones a rector) acabara con una cerrada ovación al señorito, es demostrativo de muchas cosas. En efecto, esto debe ser sólo la punta del iceberg.

Pues así es. Le ovacionaron. Y sólo dos de los cincuenta miembros pidieron su reprobación. Desde luego, es intolerable, pero nunca tanto, el hecho de que una revista californiana de Historia medieval y moderna −reconocida como de las mejores del mundo− haya decidido tirar el artículo de Suárez a la basura. Me provoca náuseas que entre las publicaciones atribuidas a ese sujeto haya trabajos de 38 páginas de las cuales 35 son copia entera de las de otro historiador. Pero me provoca más náuseas la ovación y la tibieza de los gobernantes de una universidad que, llena de buenos profesionales y excelentes docentes, contemplan con estupor (¿o es indiferencia?) su propio descrédito. Mientras escribo estas líneas he tenido conocimiento de que existe una campaña de recogida de firmas, al estilo Pujol-Mas cuando decían que todo cuanto se decía de sus mangancias era un ataque contra Cataluña. En efecto, están pidiendo firmas de adhesión inquebrantable al Caudillo Suárez, camuflada en forma de defensa de la Universidad Rey Juan Carlos. Qué indecencia.

Siempre he sido sensible con las infracciones contra los derechos de autor. He podido ver de todo en mi condición de civilista y consultor académico de un despacho de abogados: piratería de música, películas y software, enciclopedias que usan la obra plástica sin cobrar un céntimo, guías de viaje reproducidas por terceros, anuncios publicitarios que incorporan una banda sonora sin haber obtenido los derechos de sincronización, editores que publican más libros de los que luego liquidan al autor, libros de texto fotocopiados, encuadernados y vendidos en reprografías, hoteles que no pagan a la entidad de gestión por tener televisores instalados en sus habitaciones, y bares y discotecas que tampoco lo hacen a pesar de reproducir música a todas horas.

Con todo, debe ser mi condición de autor de obra literaria –la jurídica también lo es– la que me provoca verdadera indignación cuando me encuentro con la más clásica de las usurpaciones de los derechos de propiedad intelectual. Me refiero, naturalmente, al plagio. Mi problema es que cada vez que me enfrento a él, me llevo alguna pedrada, y la más dolorosa es, precisamente, la de la flojera de las reacciones de terceros, ya sean jueces, responsables universitarios o hasta estudiantes.

Permite, lector, que te narre alguna experiencia. A finales de 2008 escribí un artículo en el que comentaba una sentencia que había condenado a un profesor por −literalmente, en expresión de la propia sentencia− “parasitación de obra ajena”. Dije allí que si además el plagio lo comete un director de tesis doctoral por apropiarse de la obra de un discípulo, dan ganas de vomitar. Aquel catedrático plagiario me demandó, pidiéndome 25.000 euros por daños al honor. El Juzgado sentenció que si yo había dicho que las explicaciones dadas por el impresentable eran «chuscas» y «grotescas», eso no constituía vejación, sino una forma más o menos desabrida de utilizar la libertad de expresión, y que lo de las «ganas de vomitar» es solamente una manera de describir una sensación de disgusto. Pura libertad de expresión, en fin. Pero en cambio, a la juez le pareció que comparar la conducta del profesorcete con las de Curro Jiménez cuando asaltaba y atracaba a los caminantes…, eso sí es ultrajante y ofensivo, al atribuir al plagiario una conducta delictiva.

Resultó divertido recurrir en apelación para convencer a la Audiencia Provincial de que cuando se dice en una tertulia futbolística lo de “el árbitro nos ha robado el partido” o “ha sido un atraco”, eso es sólo una metáfora, y que Quevedo nunca quiso decir que había realmente “un hombre a una nariz pegado”, y que a García Lorca tampoco le dolía, por amor, “el aire, el corazón y hasta el sombrero”. En los sueltos periodísticos hay metáforas irónicas, y sinécdoques, y también perífrasis, y metonimias, y pleonasmos. Otra cosa es que al demandante le desagradasen o parecieran excesivas las fórmulas retóricas utilizadas. Y además, bien mirado, Curro Jiménez era en realidad un héroe, el Robin Hood de Sierra Morena. Todo lo contrario de ese plagiario indecente, que además acabó siendo condenado seis veces por ello. Pero un plagiario cuyo honor académico, no obstante, fue amparado por una juez. Pelillos a la mar. That is the question…

El año siguiente al de mi absolución, hubo un libro de Derecho de daños cuyo autor, presunto profesor de Derecho civil, había copiado de principio a fin el que yo había publicado once años antes. Eso sí, al menos había actualizado la cosa, no era el burdo copy and paste de Suárez. Pues bien, si el libro de mi copión duró en el mercado tres meses, no fue por su condición de best seller, sino porque fueron justo tres los meses que tardé yo en darme cuenta, en ponerlo en manos del editor y éste −el más importante editor jurídico de nuestro país− en ordenar su inmediata retirada de las librerías, una vez superado el bochorno y la vergüenza. Pero ahora viene lo que importa: mi editor, tan damnificado como yo, se quejó al Rector de turno en una carta educada y contenida, pero seria, pues la única librería en la que se seguía vendiendo el objeto del delito era la de aquel centro universitario, que no obedeció la orden de retirada. Tibieza, en fin, comparable a la de aquella juez. De nuevo, pelillos a la mar. That is the question…

Y si nos movemos por un momento desde el terreno de los derechos morales del autor al terreno de los derechos patrimoniales, resulta que nuestro país sigue ofreciendo un panorama desolador. En 2015, el 87,48% de los contenidos consumidos fueron piratas. Se perdieron 21.672 empleos y se produjo un daño de 1.669 millones de euros. Pero el problema es que el 25 por 100 de los ladrones de internet se excusan diciendo que “es que lo hace todo el mundo”, y el 19 por 100 creen que «eso no perjudica a nadie». That is the question…

No me pidas, amable lector, que te enseñe de manera explícita el hilo conductor de estas líneas. ¿Nos sorprende la posición innoble del Consejo de Gobierno y de los compañeros que ovacionaron al personaje Suárez? ¿Nos sorprende que los estudiantes no se manifiesten pidiendo la cabeza de un Rector que tanto está denigrando el prestigio de su Universidad y de los Grados y Postgrados que en ella se imparten? ¿Nos sorprende la juez a la que le pareció feo lo de comparar a un plagiario con Curro Jiménez? ¿También nos sorprende la actitud de esa otra universidad vendedora de libros escritos por Decanos plagiarios? ¿Nos sorprende que haya personas que piensan que los autores de cuanto ellas leen, ven o escuchan no merecen una retribución, y que incluso digan algunas que eso es un lucro ilícito? Las preguntas contienen, todas ellas, un mismo ingrediente dentro de su respuesta: vivimos en un país en el que no se valora más esfuerzo intelectual que el que cada uno hace. El que hacen los demás para nada sirve. Y por eso, se puede robar y expoliar, ya sea la literatura, el cine, la música o el software.

Para que algo comenzara a cambiar y nos podamos comparar con países de nuestro entorno, en donde hay ministros que dimiten cuando les pillan un plagio, universidades que retiran al ladrón el título de doctor y fuertes sanciones para los piratas, haría falta que nuestros políticos tuvieran la brillantez que exhibían en la sesión del 14 de noviembre de 1876, discutiendo la primera Ley de Propiedad Intelectual de nuestra historia. Se trata de aquellos ejemplares diputados como Gaspar Núñez de Arce, Manuel Dánvila, Víctor Balaguer, Emilio Santos, Mariano Carreras, Emilio Castelar o Ignacio Escobar. Y decían cosas como que “la propiedad intelectual debe disfrutar los mismos derechos, los mismos beneficios que la propiedad común y es, si cabe, más aceptable, porque más respetable que la propiedad material es la propiedad intelectual, pues ésta sólo Dios la pone en algunos entendimientos para que se creen un nombre, una posición, y con más raras excepciones, algunas veces se camina hacia la inmortalidad”.

Que así sea. Pero por favor, sin ovaciones. Por ahora, no.

Mariano Yzquierdo Tolsada

Mariano Yzquierdo Tolsada es Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense.

Origen: De las ovaciones a plagiadores, estafadores, piratas y ladrones.

Disponible el número 6 de la Revista de Derecho Privado

Ya tenéis a vuestra disposición el número 6 de la Revista de Derecho Privado correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que bajo la dirección de Silvia Díaz Alabart reúne los siguientes trabajos:

Cubierta 1-2016 de Revista de Derecho Privado de Editorial Reus

Nuevas cautelas en el ámbito de protección de los derechos del menor tras las leyes de 2015, de María José García Alguacil.
Extracto: Instituciones como la patria potestad, la tutela, el acogimiento o la adopción, entre otras, han quedado modificadas por dos Leyes, una ordinaria y otra orgánica, con tantos detractores como partidarios de ellas. Dos leyes que, en algunos puntos se revelan contradictorias con la promoción de la autonomía del menor, mientras que en otros, optan por la consideración del mismo no sólo como mero sujeto de protección sino como auténtico titular de derechos.
Pero a pesar de todo, son Leyes que han tratado de revisar el ámbito de la protección de derechos del menor, incorporando y adecuando el sistema vigente a los nuevos parámetros marcados no sólo por las demandas de una sociedad alertada por la frágil situación de muchos menores en riesgo de exclusión por motivos diversos, sino por los requerimientos de los Convenios Internacionales de los que España, tras su ratificación forma parte.
De este modo, y con estos mimbres, el legislador ha procurado modificar la normativa existente sobre la base de una búsqueda inexorable del mejor interés del menor. Solo faltará comprobar, más adelante, si a esas modificaciones les acompaña una instrumentalización adecuada para que la efectividad de las mismas sea real.

Interpretación jurisprudencial de las causas de extinción de la obligación legal de alimentos entre parientes, de María Paz Sánchez González.
Extracto: La situación de crisis económica por la que hemos venido atravesando ha dado un nuevo significado a la obligación legal de alimentos. Nuestros tribunales, recurriendo a un criterio de interpretación sociológica, se han visto obligados a efectuar una labor de adaptación de las causas legales de extinción de la deuda alimenticia a las circunstancias presentes.

Los derechos fundamentales a la intimidad, honor y protección de datos en la era digital: mecanismos jurídicos de protección, carencias y retos del legislador. De las leyes de 1982 (LOPHII) y de 1999 (LOPD) al reglamento europeo de protección de datos de 2016, de Amelia Sánchez Gómez.
Extracto: La era digital ha supuesto un impacto de gran calado en los derechos fundamentales al honor, intimidad y protección de datos, entre otros. Conscientes del carácter transnacional de la problemática referida por el constante flujo transfronterizo de datos, así como su desmesurado tratamiento, es de obligada referencia en nuestro estudio la existencia de mecanismos de protección en el ámbito europeo desde el año 1995 hasta la actualidad. En especial, será objeto de atención preferente el reciente Reglamento general de protección de datos de 27 de abril de 2016 que parece haber sentado las bases para una mayor protección de los derechos de los usuarios de internet respecto al tratamiento de sus datos personales.
En el ámbito de nuestro derecho, es objetivo prioritario del trabajo dilucidar la eficacia de los remedios de que dispone un usuario de internet cuando sus derechos fundamentales al honor, intimidad y protección de datos han sido vulnerados, así como de la tutela judicial efectiva en este ámbito.
Esta cuestión adolece de la falta de claridad necesaria por la dualidad normativa existente (LOPHII y LOPD), así como de las acciones previstas en cada una de ellas (artículos 9 y 19, respectivamente), que se complica si atendemos a la dualidad de jurisdicciones de la LOPD. Todavía más, la dificultad se hace patente desde la perspectiva procesal respecto a la legitimación pasiva por la responsabilidad en que pueden haber incurrido, además del responsable y/o encargado del tratamiento de datos, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, según lo previsto en los artículos 16 y 17 de la LSSI. El estudio realizado nos permitirá concluir que hay más retos y logros respecto a la protección de los datos personales, que en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales al honor e intimidad.

El derecho de desistimiento, gradual generalización y paulatina homogeneización en la protección de los consumidores, de Verónica de Priego Fernández.
Extracto: En el presente trabajo se analiza el derecho de desistimiento, desde su admisión excepcional en determinados supuestos hasta su actual consideración como un mecanismo altamente eficaz para la protección de los consumidores y cuyo reconocimiento va en aumento.
Para ello, se estudiará, fundamentalmente, la regulación del desistimiento en nuestra principal norma de protección de los consumidores (TRLGDCU), pero también en los instrumentos de unificación del Derecho contractual europeo y en las propuestas de reforma de nuestro Código Civil.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

Índice anual 2016 , por M.ª Patricia Represa Polo.

Si deseas tener más información sobre cómo suscribirte a nuestra revista en papel o en digital, escríbenos y resolveremos cualquier duda.

Cursos de Discentius

 

Conferencias de Discentius

 

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Resumen del año 2016

Despedimos 2016 en muy poco tiempo y nos gustaría hacer balance de lo que esta año ha representado para nosotros y que hemos compartido con vosotros:

catálogo editorial reusCatálogo interactivo: nuestro catálogo además de contener una descripción breve de cada libro, cada título conduce al enlace en la página web de la editorial, para que la persona interesada pueda saber más del libro, ver el vídeo en el caso de que esté disponible, profundizar más en la descripción y acceder a la compra si lo desea.

Vídeo presentación: Mediación en Salud, por Gloria NovelVídeo libro: en el mes de marzo desarrollamos el proyecto de acompañar los nuevos lanzamientos de novedades con un vídeo del autor, en donde de manera amena y breve se relata la relevancia y novedad de la obra.

videoconferenciaVídeo conferencia del libro: en colaboración con la plataforma de formación jurídica online, discentius, a muchos de los autores cuyas obras han despertado interés, se les ha propuesto la idea de desarrollar algún aspecto relevante de su trabajo en una mini conferencia. Cualquier persona puede acceder a estos contenidos de manera totalmente gratuita.

más de la mitad de nuestro catálogo en digitalMás de la mitad de nuestro catálogo en digital: por primera vez más de la mitad de nuestro catálogo vivo ya está a tu disposición en formato digital (PDF y ePub).

Feria libro de MadridFeria del libro de Madrid: por segundo año consecutivo asistimos con stand propio a la feria de libro de Madrid. En esta ocasión colaboramos con la Asociación Internacional de Mediación PACTUM, para promover desde nuestro stand la Mediación.

Firmas invitadasAhora el blog con firmas invitadas: ahora nuestros autores colaboran en el blog de la editorial, expresando sus opiniones sobre diversos temas de actualidad.

colección de insolvencia y concursoInauguramos una nueva colección en la Editorial : “Insolvencia y Concurso”. Esta colección está dirigida por Matilde Cuena Casas, Profesora Titular de Derecho Civil (acreditada como Catedrática) en la Universidad Complutense de Madrid. A fecha de hoy cuenta con dos títulos publicados.

liber 2016Liber: más de 10 años llevamos asistiendo al Liber, evento de referencia del sector del libro en español.



Premio ammi 2016Premio AMMI 2016, por el Proyecto de Difusión de la Mediación en la Feria del Libro 2016: agradecemos mucho el reconocimiento al esfuerzo que llevamos a cabo durante la Feria del Libro de Madrid.

playlist felices fiestas 2016¡Felices fiestas 2016!: hemos compartido con todos vosotros pequeñas pinceladas de las bandas sonoras de cada uno de nosotros en una playlist para desearos unas felices fiestas

Continuamos el año que viene. ¡Feliz 2017!

Data Protection Officer

Luces y sombras del Delegado de Protección de Datos

Toda organización, pública o privada y cualquiera que sea su forma jurídica, necesita saber interpretar y aplicar la normativa que le es exigible, especialmente en materia de protección de datos personales, en armonía. Una mala lectura, interpretación o aplicación de la regulación puede dar lugar a una o varias catástrofes, aisladas o simultáneas, en forma de sanción económica en caso de comisión de una infracción; pérdida de confianza, reputación o económica, así como otras posibles repercusiones derivadas de un incumplimiento.

Hasta ahora, en el caso de España, dada la opción que siguió el legislador al transponer en su momento la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, no habíamos tenido la oportunidad de abordar la cuestión de si contar con un delegado de protección de datos (en inglés, Data Protection Officer, DPO) es necesario o no, conveniente o no. Pues bien, el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará a partir de mayo de 2018, incluye dicha figura y, más allá de los supuestos específicos en los que designar o nombrar a un DPO es obligatorio, tenemos ahora la oportunidad de tratar la cuestión de por qué la misma es altamente recomendable para cualquier organización.

No cabe duda de que toda organización trata datos personales, pudiendo ser, entre otros, de empleados y/o usuarios, ya sean estos últimos clientes, ciudadanos, etc. Es así que toda organización tendrá, por tanto, que aplicar una regulación que puede resultar compleja y que aconseja contar, según cada caso, con un DPO, que en la práctica puede aproximarse más a un hombre multiorquesta, ya que atenderá por si solo a múltiples cuestiones, o a un director de orquesta, que tendrá la responsabilidad de dirigir, a su vez, a un equipo de profesionales para evitar que la organización desafine.

Incluso, de nuevo más allá de cuándo es obligatorio tener un DPO, contar con dicha figura es una oportunidad para cualquier organización, ya que, entre otras cuestiones, ayudará a mejorar procesos internos, facilitar la comunicación entre diferentes áreas e impulsar la generación de confianza con todas las partes y la competitividad o eficiencia, según el caso.

Serán las necesidades que pueda tener cada organización las que determinarán si el DPO tiene que ser un hombre multiorquesta o un director de orquesta. En cualquier caso, es fundamental que el DPO sea una persona que tenga el perfil adecuado para desempeñar las funciones que se le encomienden, lo que supone que, si bien en principio pueda ser cualquiera, no cualquiera está preparado para asumir la responsabilidad de serlo.

En este sentido, sin limitar quién pueda ser DPO, el Reglamento General de Protección de Datos da dos importantes claves que son, por un lado, que será designado atendiendo “a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho” y, por otro lado, a “la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones” que como mínimo indica el citado Reglamento. Y además, tiene que ser independiente, lo que es tanto una cualidad de la persona como una garantía, ya que la actuación del DPO tiene que estar al margen de injerencias por parte de otras personas o áreas de la organización. Cabría pensar que un perfil jurídico parte con una clara ventaja dadas las competencias y habilidades para las que han sido preparados y deben haber adquirido, entre otros, los abogados.

Sea como fuere, ha llegado ya la hora de interpretar y aplicar el Reglamento General de Protección de Datos, una obligación que suscita que sea recomendable contar con un DPO si no se quiere correr el riesgo de desafinar.

Al respecto, un análisis de esta figura y de la nueva normativa europea sobre protección de datos puede verse en la obra titulada “Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad”, libro donde se desgranan las principales novedades que incorpora la nueva normativa, que será plenamente aplicable a partir de mayo de 2018. Con un prólogo del Supervisor Europeo de Protección de Datos, más de treinta autores, expertos en protección de datos procedentes de las Administraciones Públicas, las Autoridades de protección de datos, la Universidad, el sector privado, despachos de abogados y empresas, analizan las claves de una norma que supondrá un punto de inflexión en el derecho a la protección de datos en la UE y que sin duda tendrá una importante repercusión en otros países y regiones del mundo.

Miguel Recio Gayo

Miguel Recio Gayo es abogado y Master en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información.