El número 3/2016 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, ya está disponible

El número 3 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia correspondiente a los meses de julio a septiembre, ya está a vuestra disposición. La revista bajo la dirección de Carlos Rogel Vide reúne los siguientes trabajos:

Cubierta de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia 03/2016

La fijación de las fuentes y del ejercicio del derecho en las codificaciones española y argentina. Análisis comparativo, de Jaime Lluís Navas.
Extracto:En este trabajo se analiza el origen y fundamento del sistema general de fuentes, la influencia del precedente histórico y la del Código Napoleón, así como las reformas introducidas respectivamente en 1974 en España y en 2014 en Argentina; y las relaciones y diferencias entre la solución hispana y la argentina. Seguidamente se compara cada una de las fuentes utilizadas en los respectivos sistemas argentino y español: la ley, la analogía, la costumbre, los principios, la Jurisprudencia y los Tratados. A continuación se estudian los condicionantes y regulación del ejercicio de los derechos y su vinculación al imperativo de buena fe: ignorancia de la ley, error de derecho, renuncia de derechos, nulidades, pactos contra ley, abuso del derecho, ejercicio antisocial, incidencia colectiva y fraude a la ley, comparando las soluciones legales argentinas con las españolas.

Mujer mayor: colectivo vulnerable que enfrenta discriminación múltiple, de Ana María Pérez Vallejo.
Extracto: El colectivo al que dirigimos nuestra investigación suma, a su mayor longevidad, otros factores que las hacen especialmente vulnerables. Se convierten a menudo en víctimas de violencia física, psicológica y también económica, muy asociada a la discriminación, no solo por razón de género, sino también por razón de edad y estado civil. Con motivo de la conmemoración BEIJING+20 y los objetivos de desarrollo (ODS Agenda Post 2015), este trabajo quiere visibilizar la posición actual de las mujeres de edad avanzada por ser un colectivo vulnerable que enfrenta discriminación múltiple. Las mujeres de esta generación escasamente accedieron a un trabajo remunerado, cuidaron intensamente de forma invisible, sin ingresos, derechos sociales y sin protección social. La prolongación de la feminización del trabajo (informal) de cuidado, y consiguiente dependencia personal y económica de otros, tiene efectos colaterales a la vejez. Las prestaciones públicas que reciben sufren efectos discriminatorios; no sólo en importe o cuantía, sino también en acceso a la protección social. De forma paralela, la ruptura de la convivencia, después de pasar el umbral de los 65 años, coloca a la mujer en mayor desventaja económica con respecto a su marido. El divorcio engendra pobreza, y además la feminiza a la vejez. Prestaremos especial atención a los obstáculos económicos que enfrentan, fruto de la acumulación durante toda una vida de discriminación y someteremos a revisión si los remedios de derecho público y privado ofrecen respuestas adecuadas para combatir el mayor riesgo a la pobreza de esta generación.

Las obligaciones alternativas. Especial referencia a su regulación en el Código Civil cubano, de Caridad del Carmen Valdés Díaz.
Extracto: Este trabajo se ocupa de las obligaciones alternativas y de sus peculiaridades. Dentro de las múltiples clasificaciones a que se someten las relaciones jurídicas obligatorias, aparece aquella que se realiza atendiendo al objeto, esto es, la prestación que debe realizar el deudor. Con base en el Código cubano, el estudio se centra en la clasificación de las obligaciones que se atiene al criterio distintivo del número de prestaciones a cargo del sujeto obligado, deslindando las obligaciones únicas u objetivamente simples y las obligaciones de objeto múltiple. Son estas últimas, evidentemente, aquellas en las que existen varias prestaciones posibles, una de cuyas modalidades lo son las obligaciones alternativas o disyuntivas, en las cuales el deudor está sujeto a realizar una de las varias prestaciones que figuran como contenido posible del vínculo obligatorio.

Medidas cautelares personales en el proceso penal. Contra la aplicación disfuncional del Derecho cautelar. Notas sobre regla de accesoriedad y competencia procesal penal, de Ricardo Yáñez Velasco.
Extracto: El juez penal competente para instruir lo es también para resolver cualquier cautela personal vinculada al proceso, competencia extendida al enjuiciamiento o a la impugnación. Sin embargo, en la práctica se prescinde de la auténtica instrumentalidad característica de las medidas cautelares. Forzando el texto del art. 544 bis LECr, donde se alude a la agravación de una medida cautelar si ésta se quebranta, se duplica el juicio indiciario entre dos órganos judiciales diferentes. Uno el que investigará ese supuesto quebrantamiento, otro el que utilizará idénticos hechos para incrementar la afectación del derecho a la libertad del inculpado. Incluso para motivar la prisión provisional, violentando la teoría general del Derecho cautelar.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

  • Crónica de Jurisprudencia , por Eduardo Serrano Gómez.
  • Legislación y Jurisprudencia de Iberoamérica , por Leonardo B. Pérez Gallardo (coordinador).
  • Crónica de Libros —primer semestre de 2015— , por Cristina de Amunátegui Rodríguez.

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Disponible el número 5 de la Revista de Derecho Privado

Ya tenéis a vuestra disposición el número 5 de la Revista de Derecho Privado correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que bajo la dirección de Silvia Díaz Alabart reúne los siguientes trabajos:

Cubierta 1-2016 de Revista de Derecho Privado de Editorial Reus

La responsabilidad civil del habitante principal de un inmueble respecto a los daños causados por cosas que caigan o se arrojen desde el mismo, de Pedro Ignacio Botello Hermosa.
Extracto: La responsabilidad objetiva o por riesgo en la que se encuadra el artículo 1.910 del Código civil implica que los perjudicados por las cosas caídas o arrojadas desde un inmueble no deban acreditar la culpa del habitante principal del mismo. Pero, ¿qué supuestos son los que quedan englobados en el mencionado
artículo?.

La publicidad televisiva y radiofónica de bebidas alcohólicas, de Isabel Ramos Herranz.
Extracto: La admisibilidad del consumo de bebidas alcohólicas, particularmente de vino y de cerveza, en la cultura occidental es excesiva y lleva al inicio en el consumo de adolescentes. Las normas de Derecho Positivo publicitarias han de servir de freno a esta inercia; en la Ley General de Publicidad se prohíbe la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas de graduación superior a 20 y es complementada por la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece normas específicas. La autorregulación publicitaria está presente también para estos productos en el Derecho español, en el que existen varios códigos de conducta al efecto; en el Derecho estadounidense la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas se encuentra únicamente en normas autorreguladoras, en códigos elaborados por los propios anunciantes; régimen jurídico que tendría que ser modificado.

Uso y control de la información genética humana: dudas y retos para el derecho privado, de Inmaculada Vivas Tesón.
Extracto: Pretendemos en este trabajo presentar algunas cuestiones que para el Derecho Privado plantea la cesión y la circulación de la información genética humana, como la protección legal de la identidad genética, la titularidad de los datos genéticos, la discriminación por razón genética, así como la responsabilidad civil derivada de daños genéticos. El Derecho Privado español debe dar adecuadas soluciones a las necesidades de los avances genéticos basadas en el respeto a la dignidad y el valor de la persona.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

Recensión

  • Acceso a la vivienda y contratación
    Parra Lucán, Mª.Á. (Dir.)Tirant lo Blanch, Valencia, 2015 (815 páginas) ISBN: 9788490864876.
    , por Miguel Ángel Tenas Alós.

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Premio AMMI 2016, por el Proyecto de Difusión de la Mediación en la Feria del Libro 2016

ladisoluciondelasoberaniaenelambitoestatal¡Gracias!

Nos complace mucho este premio, que compartimos junto con la Asociación Internacional de Mediación PACTUM. Desde Editorial Reus, agradecemos el reconocimiento al esfuerzo que llevamos a cabo durante la Feria del Libro de Madrid 2016, así mismo felicitar al resto de premiados y finalistas, y en general a todas las personas que día a día apuestan por la Mediación como método real y eficaz de resolución de conflictos.

ladisoluciondelasoberaniaenelambitoestatalAdemás, justo en estos días hemos lanzado el Anuario de mediación y solución de conflictos 2015. El primer anuario que se publica sobre mediación en lengua castellana. En la edición de este año, el Anuario recoge las colaboraciones sobre el papel de los abogados en la mediación, los elementos esenciales del derecho colaborativo, la mediación intrajudicial, la responsabilidad civil por daños de productos y servicios farmacéuticos, entre otros.

Participan en él Ramón Alzate Sáez de Heredia, Cristina Merino Ortiz, Itziar Fernández Villanueva, María José Ruiz García, Paulino José Fajardo Martos, María Concepción Rayón Ballesteros, Cristiano Vázquez Bulla, Helena Soleto Muñoz, Cristina Ruiz López.

Ahora puedes:

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XI Premio de artículos doctrinales sobre propiedad intelectual

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La Asociación para el estudio y la enseñanza del derecho de autor (ASEDA), en colaboración con Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) y Editorial Reus, convoca el XI Premio de artículos doctrinales sobre Propiedad Intelectual, en ejecución de sus fines estatutarios de promoción del estudio y la enseñanza del derecho de autor.

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El arbitraje y la mediación deportiva en la nueva Ley del Deporte de Andalucía

El pasado 22 de agosto entró en vigor la nueva Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. Una norma deseada largamente en el tiempo que inició su andadura con los primeros borradores allá por el 2009, y que ha dado con un compedio de nuevas disposiciones que de algún modo, viene a satisfacer las nuevas necesidades que la siempre evolutiva realidad deportiva impone en tiempos de globalización y universalidad del fenómeno deportivo.

La nueva disposición aporta numerosas e importantes novedades legislativas en el ámbito deportivo para el territorio andaluz:

  1. Igualdad efectiva.
    La principal,  la concepción del  derecho de acceso a la actividad deportiva a toda la ciudadanía como un bien de interés general, auspiciado por el principio de igualdad efectiva.
  2. Protección al consumo en el ámbito deportivo
    También importante es el reconocimiento del usuario deportivo como sujeto de protección en materia de consumo de  servicios y prestaciones deportivas.
  3. Competición no oficial
    Resulta determinante para ser considerada como una norma pionera en este campo legal de Derecho Deportivo, el reconocimiento del deporte de competición no oficial, y el deporte de ocio, apartados por tanto del sistema legal federativo, con la evidente potenciación de la iniciativa privada.
  4. Resolución de conflictos
    También es clave la incorporación del sistema legal de resolución de conflictos sin la intervención del sistema público de disciplina deportiva, ni la reglamentación federativa  en aplicación de la materia.

Sobre este último punto, en la exposición de motivos de la nueva norma deportiva andaluza ya se deja anunciado que será su título IX el  dedicado a la solución de litigios deportivos. Se trata pues de un título novedoso que  de cara a los distintos agentes del deporte y a la ciudadanía en general, tiene  como referente claro y único, la creación de un órgano llamado a resolver los conflictos que se susciten de carácter sancionador, disciplinario, de resolución de recursos en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, de control de legalidad de los procesos electorales federativos, así como para la conciliación de conflictos deportivos mediante la vía arbitral o la mediación, aspecto este último que es el que a nuestros efectos destacamos.

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Regulado en el artículo 140, la nueva norma señala que las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que se planteen entre personas físicas o jurídicas, que versen sobre materia de libre disposición conforme a Derecho, podrán ser, resueltas a través de la institución del arbitraje. Siempre, claro está, que las mismas no versen sobre al ámbito competencial del Sistema Arbitral de Consumo, por disponer de reglamentación propia.

Como viene siendo habitual en el marco normativo del arbitraje, la sumisión a sistemas de arbitraje tendrá, en cualquier caso, carácter voluntario. De suerte que las  resoluciones adoptadas bajo dicho procedimiento tendrán los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, conforme a  normas que reglamentariamente se desarrollen al efecto.

La nueva norma también prevé la posibilidad de  establecer sistemas de mediación con la finalidad de llegar a soluciones de resolución de conflictos de naturaleza jurídico deportiva, que igualmente habrá de  regularse reglamentariamente.

La norma,  de igual modo, faculta a las federaciones deportivas y  resto de entidades deportivas andaluzas,  para dotarse  estatutariamente  de un sistema de conciliación para la resolución extrajudicial de conflictos deportivos. De suerte que en cualquier caso, habrá de preverse en el mismo un contenido mínimo, en el que  deberá figurar al menos las siguientes reglas:

  • Método para manifestar la inequívoca voluntad de sumisión de las personas interesadas a dicho sistema.
  • Materias, causas y requisitos de aplicación de las fórmulas de conciliación o arbitraje.
  • Sistema de recusación de quienes realicen las funciones de conciliación o arbitraje, así como de oposición a dichas fórmulas.
  • Procedimiento a través del cual se desarrollarán estas funciones, respetando, en todo caso, los principios constitucionales y, en especial, los de contradicción, igualdad y audiencia de las partes.
  • Métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones derivadas de las funciones conciliadoras o arbitrales.

Como quiera que igualmente es materia de inminente desarrollo reglamentario, se presenta una ocasión inmejorable, para que todos cuantos nos sentimos sensibilizados con la conveniencia y bondad de este sistema, podamos aportar a la Administración deportiva andaluza, cualquier propuesta de reglamentación o iniciativa. No nos cabe duda la importancia que dicho sistema representa para el deporte, como así pone en manifiesto del Prof. Dr. Antonio María Lorca Navarrete, catedrático de Derecho procesal y de Derecho de Arbitraje de la Universidad del País Vasco y Presidente de la Corte Vasca de Arbitraje,  en sus comentarios a la  S.A.P. de Madrid de diez de noviembre de dos mil siete; la de 28 de octubre de 2008, de la misma Audiencia o el Auto de la misma de 20 de febrero del mismo año, dando cuenta en esta última,  de lo desacertado de  la adopción de medidas cautelares previas a una  demanda arbitral.

EL DEPORTE EN ANDALUCÍA:
Más de 3 millones de andaluces (42,36%) práctica habitualmente deporte.
Más de 14.000 instalaciones públicas
61 federaciones
20.000 clubes
Más de 564.000 licencias de deportistas
Más de 11.023 clubes federados
Más de 1 millón de escolares hacen deporte al salir de clase.
 Fuente de la tabla: Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Javier Gómez Vallecillo

Javier Gómez Vallecillo es Abogado, Presidente de la Comisión de Ética deportiva de la FEDFF, Vicepresidente de la AADD, Asesor Jurídico de la FADDF, Secretario del Xerez Deportivo F.C., Arbitro de la Cortes Vasca de Arbitraje.

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Pídenos nuestro catálogo actualizado

Con ocasión de la Feria Internacional del Libro LIBER 2016, que va a tener lugar en Barcelona entre los días 12 y 14 de octubre, acabamos de poner a tu disposición nuestro catálogo editorial actualizado en su versión digital a día de hoy.

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Aprovechamos para recordarte que participamos en  dicha Feria, en donde podrás encontrar nuestras últimas novedades.

Descarga nuestro catálogo actualizado

Si te pasas a saludarnos (stand 236), podremos comentarte personalmente nuestra oferta editorial y darte más información sobre la plataforma de formación online jurídica y de empresa,  discentius, en la que Aula Reus es entidad colaboradora.

Consulta el programa Liber 2016

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Los riesgos de comprar medicamentos por internet

Entre las ventajas que proporcionan los servicios de la sociedad de la información destaca el fácil acceso a múltiples productos de consumo; pero la adquisición en este medio puede generar ciertos riesgos para el consumidor si el proveedor ofrece productos fraudulentos o sin las debidas garantías.  En el caso de los medicamentos los riesgos pueden ser importantes y causar daños irreparables.

La comercialización de medicamentos se encuentra regulada y sometida a un régimen de intervención por las autoridades sanitarias que afecta a su ciclo de vida, desde la fabricación hasta la dispensación; por ello, conviene conocer los posibles riesgos generados por la adquisición de medicamentos en puntos no autorizados.

Riesgos en la compra de medicamentos en puntos no autorizados

1. Destacamos la venta de medicamentos falsos,  retirados del mercado  o ilegales (no autorizados en el país donde van ser utilizados), carentes de etiquetado o en idioma no comprensible, que  contengan sustancias tóxicas, ilegales, de baja potencia o inactivas, contaminantes o  productos no declarados, puesta en riesgo de los  datos financieros o suplantación de  identidad del adquiriente.

2. Tampoco existe seguridad en el ciclo de vida del producto (fabricación, almacenamiento, transporte y dispensación). La mala calidad de algunos productos incrementa los riesgos del autodiagnóstico y puede generar pérdida de confianza del consumidor en los productos farmacéuticos, en el medicamento utilizado o en los responsables de la dispensación.

3. Pérdida de confianza del consumidor en los productos farmacéuticos. No sólo el consumidor se ve afectado,  también lo estarán los dispensadores autorizados (pérdida de confianza del consumidor),  los  titulares del medicamento (detrimento de la marca y su prestigio,  o prácticas  contra la competencia)  y  los sistemas nacionales de salud (incremento de  gastos provocados por daños  en  los consumidores).

A pesar de todo, existen razones que impulsan la adquisición de medicamentos a distancia: Comodidad para el usuario, anonimato y fácil disponibilidad de ciertos medicamentos (vigorizantes sexuales, productos adelgazantes…), obtención de medicamentos con acceso restringido (antibióticos, productos con receta médica, hormonas…) o no comercializados en el país, economía y banalización de las adquisiciones en línea, al perder conciencia de los riesgos que conllevan.

La compra en páginas ilegales tiene lugar en cualquier país del mundo, aunque muestra diferencias ligadas al grado de desarrollo. Para la FDA (Food and Drug Administration-USA) los medicamentos adquiridos con mayor frecuencia se relacionan con antidepresivos, terapias hormonales, disfunción eréctil, insomnio e hipercolesteremia. En los países menos desarrollados, con una protección socio sanitaria insuficiente, la adquisición se desplaza hacia antibióticos, antirretrovirales y antimaláricos.

Los productos potencialmente dañinos, disponibles en páginas web ilegales, se han clasificado en: medicamentos falsificados, productos de baja calidad y medicamentos ilegales.

Los primeros presentan la apariencia de medicamentos ya comercializados, los segundos incumplen los estándares establecidos para la comercialización (lotes retirados, medicamentos caducados o mal conservados) e incorporan activos de baja potencia y/o productos de degradación.  Los medicamentos ilegales incluyen productos que carecen de la correspondiente autorización de comercialización de medicamentos, aquí destacamos los medicamentos autorizados en otros países pero no en el de consumo; en este caso, pueden existir procedimientos, en cada país, que regulan su utilización en supuestos específicos.

Interesa hacer notar los siguientes mecanismos de defensa frente a la venta ilegal de medicamentos en la red:

  • Regulación de la venta on line. Esta venta de medicamentos está prohibida en algunos países, otros la restringen (en el caso de España sólo se admiten los no sometidos a prescripción) y otros la admiten (USA). Los sitios web seguros para adquisición de medicamentos deberán permitir su identificación y comprobación del consumidor.
  • Campañas de información y formación del consumidor (se han mostrado como una de las medidas más eficaces), denuncias contra web ilegales ante autoridades nacionales u organizaciones de consumidores y aplicación de directrices protectoras del derecho de consumo
  • Penalización de conductas relacionadas con la venta, almacenamiento, fabricación y publicidad de medicamentos falsificados, ilegales o de baja calidad, incautación de productos
  • Ejercicio de acciones de cesación de la actividad o publicidad contenida en páginas web, advertencias a páginas ilegales; la facilidad de apertura y cierre de páginas web resta efectividad a estos mecanismos.
  • Actuaciones nacionales e internacionales coordinadas (autoridades regulatorias y jurisdiccionales, cuerpos y fuerzas de seguridad,…) dada la globalización y ausencia de fronteras en estos asuntos.
  • Calificación de la venta de medicamentos, a través de páginas no autorizadas, como actos de Competencia desleal o atentado contra la marca afectada y su prestigio.

Nos encontramos ante un grave problema que puede afectar a la salud de los usuarios de estos servicios y a otros agentes del mercado del medicamento. Se han expuesto las principales líneas directrices y una serie de herramientas jurídicas que intentan paliar los nocivos efectos de esta práctica; no obstante, la eficacia de cada una de ellas deberá ser valorada según las características del afectado y el entorno donde se produzca.

Antonio Juberías Sánchez

 

Antonio Juberías Sánchez es Doctor en Farmacia por la Universidad de Burgos

 

 

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ladisoluciondelasoberaniaenelambitoestatalMedicamentos y productos sanitarios: regulación en un mercado global

 

 

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Los medicamentos genéricos, entre la propiedad privada y la salud pública

 
 

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¿Es la protección frente al ruido un derecho fundamental?

Hace unos años, debajo del  piso en el que vivía, se puso un pub. ¡Horror!, pensé cuando vi que aquello echaba a andar y, tal como esperaba, mi casa empezó a retumbar y vibrar, especialmente los fines de semana. Y, no sé por qué, me acordé de Don Quijote, con sus noches en vela. Aunque a diferencia de él, yo no leía nada en las horas nocturnas. Al final, todo acabó, no porque el dueño se viera intimidado por mis continuas protestas, sino porque el pub fracasó. La movida se trasladó a otro lugar. Pero esta experiencia personal me sirvió para reflexionar en relación con las posibles defensas jurídicas que yo podía tener frente a aquella agresión que podía ser calificada, sin exagerar, de medioambiental.

En todas las cuestiones medioambientales es un tópico decir que el Derecho Civil juega un papel más secundario en relación con el Derecho Administrativo o el Derecho Penal. ¡Es posible! Aunque en algún caso no hay proporción, con todo respeto a los Tribunales, especialmente al Tribunal Supremo, entre el daño medioambiental y la sanción penal. ¡Me parece muy fuerte que se inhabilite a un alcalde por un problema de ruido! También es cierto que, hasta hace unos años, los ayuntamientos no hacían caso a las denuncias de los vecinos. Hoy hay mayor sensibilización.

Por otro lado la protección que puede prestar el Derecho Civil es de tipo indirecto, más bien de protección a la persona o sus bienes, que pueden verse afectados por una posible agresión medioambiental, en este caso, el ruido, que al medioambiente directamente.

No hay normas en el Código Civil que tengan como misión proteger  a la persona en el supuesto de daños medioambientales, pero es claro que el artículo 1.902 puede jugar un papel decisivo.

Es verdad también que el Tribunal Supremo ha acudido  al artículo 1.908 del Código civil  para fundamentar sus decisiones en supuestos de indemnizaciones por daños medioambientales, pero, francamente, este precepto no tiene nada que ver con esto. Una cosa es la interpretación sociológica de la norma y otra pensar que la norma jurídica es un “chicle” con la que se puede hacer lo que se quiera.

La interpretación tiene sus límites, que van en la línea de la finalidad de la norma. Y el artículo 1.908 aparece en el Código civil para otras cosas que no tienen nada que ver con el medioambiente.

Sin embargo, de forma un poco sorprendente, ha surgido una línea de defensa del particular que va en la línea de la “vida privada y familiar” del Convenio Europeo de  Derechos Humanos y su interpretación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Concepto éste convertido en “intimidad” y en “respeto a la inviolabilidad del domicilio” por el Tribunal Constitucional y acogido por el Tribunal Supremo cuando éste afirma que la protección a la persona por los ruidos se puede incardinar en la Ley Orgánica de 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

¿Cómo surgió esto? Como tantas cosas: el ciudadano de a pie, harto de la inactividad de la Administración ante un bar o pub excesivamente ruidoso, acudió ante los órganos contencioso-administrativos y el Tribunal Constitucional y de ahí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Luis Martinez Vazquez de Castro

 

Luis Martínez Vázquez Castro es Catedrático de Derecho Civil, Universidad Jaime I, Castellón

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¡Estamos en el Líber 2016!

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Entre los días 12 y 14 de octubre estaremos en la Feria Internacional del Libro (Liber) 2016, una oportunidad más de volver a retomar contactos, conocer experiencias y nuevas tendencias dentro de un sector como el nuestro, el libro, tan lleno de retos y expectativas. Pásate a saludarnos, te esperamos en el stand 236.

Además, dentro de los eventos programados, durante esos días se entregarán los galardones de los premios Líber. Como autor hispanoamericano más destacado este año figura Juan Marsé . Y la librería Cálamo de Zaragoza recibirá el Premio “Boixareu Ginesta” al Librero del Año.

Si te pasas a saludarnos (stand 236), podremos comentarte personalmente nuestra oferta editorial jurídica y darte más información sobre la plataforma de formación online jurídica y de empresa,  discentius, en la que Aula Reus es entidad colaboradora.

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La eterna búsqueda de equilibrio: Internet, menores y protección de datos

El siglo XXI, ya desde sus comienzos, ha mostrado una clara tendencia tecnológica que se ha extremado a lo largo de esta última década, caracterizándose por la llamada “Sociedad de la Información” o “del Conocimiento”, que ha convertido a Internet en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo, tanto para la vida personal, laboral, ocio y consumo, así como en las relaciones con la Administración, como pone de relieve la Agencia de Protección de Datos en la “Guía de recomendaciones a usuarios de internet”.

Sin embargo, es el uso intensivo que realizan los ciudadanos actualmente de las tecnologías de la información lo que plantea nuevos retos para la adecuada protección de sus derechos, destacando el derecho a la privacidad y el de protección de datos personales.

El mayor uso de la red y las amplias posibilidades de interaccionar y compartir información y datos personales, con la rápida circulación que permiten las nuevas tecnologías, como pone de relieve Red.es, provoca un mayor riesgo para la privacidad, favoreciendo la pérdida de control sobre nuestra información.

La extensión del uso de los servicios de la información ha supuesto el paso de la llamada web 2.0 a la actual 3.0, caracterizada por el “internet de las cosas”, en el que los electrodomésticos del hogar, relojes y hasta coches están conectados a internet y ya casi todo genera información sobre sus usuarios.

Esta nueva tendencia lleva implícita la conducta cada vez más habitual de compartición y cesión de información personal por los usuarios a través de redes sociales, servicios de mensajería y demás aplicaciones, en algunos casos como contraprestación a servicios pretendidamente “gratuitos”, como elemento indispensable para el ofrecimiento de ellos. Así lo muestran los datos ofrecidos por el Eurobarómetro sobre protección de datos de 2015, de los que se desprende que son los más jóvenes, menores de 24 años, los que más uso hacen de estos servicios.

En la misma línea, el estudio “Menores de edad y conectividad móvil en España” del Centro de Seguridad en Internet para los menores “Protégeles”, muestra que los menores de 14 años son usuarios habituales de aplicaciones y redes sociales. Cuestión que pone de relieve, así mismo, la Sentencia del Tribunal Federal de Estados Unidos que condena a Amazon al reintegro de las cuantías desembolsadas por menores en compras dentro de aplicaciones sin consentimiento de sus padres, por defectos en la información e identificación de los usuarios.

Con todo ello queda patente la importancia que cobra en la actualidad el requisito de la información y protección de datos en general, especialmente en el caso de los menores, como sujetos especialmente vulnerables por su desconocimiento y menor “capacidad” para evaluar y ponderar los riesgos que tiene la compartición de su información privada en la red, lo que puede exponerles al padecimiento de delitos como el ciberbullying, el sexting, grooming y suplantación de identidad, entre otros muchos.

El Derecho español protege esta información a través de la Ley de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo, pero es el recién aprobado Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril de 2016, la norma que supone la más actual regulación de la materia. En primer lugar, es necesario destacar que, según su artículo 3, esta normativa será de aplicación a todos los datos recabados en territorio europeo, independientemente del lugar donde se dé el tratamiento de los mismos.

Las principales novedades que nos afectan a los usuarios de la Red son:

    • El requerimiento de que la información se facilite de modo claro, en lenguaje entendible y adecuado al público al que se destine.
    • Se otorga una especial relevancia al consentimiento que habrá de ser “libre, específico, informado e inequívoco”, de modo que cada tratamiento de datos deberá requerir un consentimiento individualizado y expreso.
    • Se introduce también el llamado “derecho al olvido” o derecho de “supresión”, del art. 17, además del de portabilidad de datos, del art.20.
    • De modo específico hay que resaltar la instauración de la privacidad por diseño y por defecto, del art. 25, que requieren que las propias redes y apps que traten datos deban incorporar en su diseño el mayor nivel de protección de los datos y, por defecto, debe venir configurado el más alto blindaje de la información personal del usuario.
    • Sin embargo, la protección que ofrece a los datos de los menores es finalmente menor a la recogida en las versiones no definitivas del Reglamento, ya que no se ha incluido la obligación legal, que si recoge la normativa española, a los responsables del servicio de verificar de modo pertinente la edad del usuario, para lo que existen mecanismos tecnológicos como el DNI electrónico.
    • Además, a última hora, se ha fijado la edad mínima para el uso de servicios en línea sin consentimiento paterno en los 16 años, permitiendo que los Estados miembros determinen edades inferiores facultativamente, nunca por debajo de los 13 años, lo que provoca una nueva fragmentación al respecto en el ámbito comunitario.
    • Por último, se ha eliminado del texto finalmente aprobado la precisión en el art. 17 de la especial importancia del derecho al olvido en el caso de datos proporcionados por usuarios siendo niños, lo cual entiendo poco acertado.

En definitiva, en mi opinión, el nuevo Reglamento ofrece una mayor tutela a los datos personales, pero insuficiente en el caso de los menores de 16 años, haciendo depender en exceso esta protección de la aprobación de códigos de conducta y de las acciones centradas en la educación de los usuarios de la red desde las edades más tempranas.

Margarita Orozco González

 

Margarita Orozco González  es Contratada FPU Departamento Derecho Civil, Universidad de Granada, Investigadora Università degli Studi di Bari

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