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¿Qué hacer para que tratar datos personales no sea una actividad de riesgo?

Toda acción que implica el tratamiento de datos personales implica un riesgo, tanto para quien los trata, ya sea un responsable o encargado del tratamiento, como, en consecuencia, para la persona a la que se refieren los dichos datos personales.

Identificar y conocer el riesgo es fundamental para cumplir con la legislación en materia de protección de datos personales y generar confianza en todas las partes interesadas, la persona a la que se refieren los datos personales, los inversores y accionistas de una empresa, las autoridades competentes y un largo etcétera.

Identificar el riesgo que implica o pueda implicar el tratamiento de los datos personales es el primer paso para evitar vulnerar el derecho fundamental a la protección de datos personales.

señaldepeligroinformáticoAl respecto, es necesario considerar también que la aproximación basada en el riesgo es uno de los pilares sobre los que se basa el Reglamento General de Protección de Datos y que el mismo no es nuevo ya que también se encontraba en el porqué de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

En concreto, ya el Considerando 53 de dicha Directiva explicaba que “determinados tratamientos pueden presentar riesgos particulares desde el punto de vista de los derechos y las libertades de los interesados, ya sea por su naturaleza, su alcance o su finalidad, como los de excluir a los interesados del beneficio de un derecho, de una prestación o de un contrato, o por el uso particular de una tecnología nueva”.

Y, siguiendo lo que decía la Directiva, el Reglamento General de Protección de Datos incide, de manera expresa, en la aproximación basada en el riesgo para la imposición de algunas obligaciones tendentes a proteger a la persona por lo que se refiere al tratamiento de sus datos personales.

Una de dichas obligaciones, que al mismo tiempo es una medida adecuada que permite obtener importantes beneficios para cualquier organización, pública o privada, que trate datos personales, como responsable o encargado del tratamiento, es la evaluación de impacto relativa a la protección de datos (en inglés, Privacy Impact Assessment, PIA).

Guía para una Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales (EIPD)A pesar de que dichas evaluaciones son una de las principales novedades que introduce el Reglamento General de Protección de Datos, es necesario recordar que ya la Agencia Española de Protección de Datos publicó, en 2014, una Guía para una Evaluación de Impacto de Protección de Datos Personales (EIPD) en la que mencionaba también que “la realización de una EIPD es un excelente ejercicio de transparencia, base de una relación de confianza”.

Queda así claro que el tratamiento de datos personales requiere actuar con responsabilidad (en inglés, accountability), adoptando e implementando medidas adecuadas, de manera que no se convierta en un riesgo, vulnerando el derecho fundamental a la protección de datos personales y, por tanto, pudiendo dar lugar a sanciones económicas en caso de verificación de una infracción, así como la pérdida de confianza y otros daños reputacionales.

reglamentogeneraldeprotecciondedatosTanto la aproximación basada en el riesgo como la evaluación de impacto relativa a la protección de datos son algunas de las cuestiones que se analizan en el libro titulado Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, en el que han participado más de una treintena de autores bajo la dirección del Dr. José Luis Piñar Mañas.




En definitiva, identificar y gestionar el riesgo que implica o puede implicar todo tratamiento de datos personales, en particular cuando éste sea alto para los derechos y libertades de las personas físicas, es tanto una obligación como una media preventiva que permite generar confianza, además de cumplir con la normativa aplicable.

Miguel Recio Gayo

Miguel Recio Gayo es abogado y Master en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información.

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De las ovaciones a plagiadores, estafadores, piratas y ladrones

Vivimos en un país en el que no se valora más esfuerzo intelectual que el que cada uno hace. El que hacen los demás para nada sirve. Y por eso, se puede robar y expoliar, ya sea la literatura, el cine, la música o el software

Mi problema es que cada vez que me enfrento al plagio, me llevo alguna pedrada, y la más dolorosa es, precisamente, la de la flojera de las reacciones de terceros, ya sean jueces, responsables universitarios o hasta estudiantes

Me referiré a él como Suárez, a secas. No como “profesor” Suárez, porque para ser profesor hay que profesar la disciplina que una dice impartir y a la que se supone que dedica sus esfuerzos y su ilusión. Son exigencias para con la sociedad, nuestros alumnos, nuestros compañeros de profesión y nuestros maestros. Y Suárez profesa poco. Vaya eso por delante.

Me da absolutamente igual que la aparición y difusión de los plagios de Suárez se deban a una lucha interna de política universitaria. No sé si hay detrás muchas ganas, provenientes de partidos de corte radical, de erosionar la imagen de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y, de paso, de la que ostentó el mismo cargo entre 2003 y 2012. Ignoro si la iniciativa del Comando Zorro −simpática denominación− se alimenta de la necesidad de dar condigna respuesta a la política atribuida a Suárez de cortar las cabezas de cuantos le hacen oposición. Tampoco me importa si todo se debe a la venganza de negros, negreros, proxenetas, sodomitas, aqueos, ostrogodos o hititas que quieren reclamar la retribución por servicios prestados y no pagados. Todo lo que tenga que ver, en fin, con las motivaciones, ocultas o aparentes, me es completamente indiferente, porque esos plagios son hechos objetivos e incontrovertibles. No admiten respuesta, y si se comprueba sólo alguno de ellos, dan asco.

Pero la ovación… Eso ha sido lo más doloroso y repugnante de todo. Que el Consejo de Gobierno de la Universidad (durante el que se debatió sobre el particular y en el que Suárez dimitió y anunció nuevas elecciones a rector) acabara con una cerrada ovación al señorito, es demostrativo de muchas cosas. En efecto, esto debe ser sólo la punta del iceberg.

Pues así es. Le ovacionaron. Y sólo dos de los cincuenta miembros pidieron su reprobación. Desde luego, es intolerable, pero nunca tanto, el hecho de que una revista californiana de Historia medieval y moderna −reconocida como de las mejores del mundo− haya decidido tirar el artículo de Suárez a la basura. Me provoca náuseas que entre las publicaciones atribuidas a ese sujeto haya trabajos de 38 páginas de las cuales 35 son copia entera de las de otro historiador. Pero me provoca más náuseas la ovación y la tibieza de los gobernantes de una universidad que, llena de buenos profesionales y excelentes docentes, contemplan con estupor (¿o es indiferencia?) su propio descrédito. Mientras escribo estas líneas he tenido conocimiento de que existe una campaña de recogida de firmas, al estilo Pujol-Mas cuando decían que todo cuanto se decía de sus mangancias era un ataque contra Cataluña. En efecto, están pidiendo firmas de adhesión inquebrantable al Caudillo Suárez, camuflada en forma de defensa de la Universidad Rey Juan Carlos. Qué indecencia.

Siempre he sido sensible con las infracciones contra los derechos de autor. He podido ver de todo en mi condición de civilista y consultor académico de un despacho de abogados: piratería de música, películas y software, enciclopedias que usan la obra plástica sin cobrar un céntimo, guías de viaje reproducidas por terceros, anuncios publicitarios que incorporan una banda sonora sin haber obtenido los derechos de sincronización, editores que publican más libros de los que luego liquidan al autor, libros de texto fotocopiados, encuadernados y vendidos en reprografías, hoteles que no pagan a la entidad de gestión por tener televisores instalados en sus habitaciones, y bares y discotecas que tampoco lo hacen a pesar de reproducir música a todas horas.

Con todo, debe ser mi condición de autor de obra literaria –la jurídica también lo es– la que me provoca verdadera indignación cuando me encuentro con la más clásica de las usurpaciones de los derechos de propiedad intelectual. Me refiero, naturalmente, al plagio. Mi problema es que cada vez que me enfrento a él, me llevo alguna pedrada, y la más dolorosa es, precisamente, la de la flojera de las reacciones de terceros, ya sean jueces, responsables universitarios o hasta estudiantes.

Permite, lector, que te narre alguna experiencia. A finales de 2008 escribí un artículo en el que comentaba una sentencia que había condenado a un profesor por −literalmente, en expresión de la propia sentencia− “parasitación de obra ajena”. Dije allí que si además el plagio lo comete un director de tesis doctoral por apropiarse de la obra de un discípulo, dan ganas de vomitar. Aquel catedrático plagiario me demandó, pidiéndome 25.000 euros por daños al honor. El Juzgado sentenció que si yo había dicho que las explicaciones dadas por el impresentable eran «chuscas» y «grotescas», eso no constituía vejación, sino una forma más o menos desabrida de utilizar la libertad de expresión, y que lo de las «ganas de vomitar» es solamente una manera de describir una sensación de disgusto. Pura libertad de expresión, en fin. Pero en cambio, a la juez le pareció que comparar la conducta del profesorcete con las de Curro Jiménez cuando asaltaba y atracaba a los caminantes…, eso sí es ultrajante y ofensivo, al atribuir al plagiario una conducta delictiva.

Resultó divertido recurrir en apelación para convencer a la Audiencia Provincial de que cuando se dice en una tertulia futbolística lo de “el árbitro nos ha robado el partido” o “ha sido un atraco”, eso es sólo una metáfora, y que Quevedo nunca quiso decir que había realmente “un hombre a una nariz pegado”, y que a García Lorca tampoco le dolía, por amor, “el aire, el corazón y hasta el sombrero”. En los sueltos periodísticos hay metáforas irónicas, y sinécdoques, y también perífrasis, y metonimias, y pleonasmos. Otra cosa es que al demandante le desagradasen o parecieran excesivas las fórmulas retóricas utilizadas. Y además, bien mirado, Curro Jiménez era en realidad un héroe, el Robin Hood de Sierra Morena. Todo lo contrario de ese plagiario indecente, que además acabó siendo condenado seis veces por ello. Pero un plagiario cuyo honor académico, no obstante, fue amparado por una juez. Pelillos a la mar. That is the question…

El año siguiente al de mi absolución, hubo un libro de Derecho de daños cuyo autor, presunto profesor de Derecho civil, había copiado de principio a fin el que yo había publicado once años antes. Eso sí, al menos había actualizado la cosa, no era el burdo copy and paste de Suárez. Pues bien, si el libro de mi copión duró en el mercado tres meses, no fue por su condición de best seller, sino porque fueron justo tres los meses que tardé yo en darme cuenta, en ponerlo en manos del editor y éste −el más importante editor jurídico de nuestro país− en ordenar su inmediata retirada de las librerías, una vez superado el bochorno y la vergüenza. Pero ahora viene lo que importa: mi editor, tan damnificado como yo, se quejó al Rector de turno en una carta educada y contenida, pero seria, pues la única librería en la que se seguía vendiendo el objeto del delito era la de aquel centro universitario, que no obedeció la orden de retirada. Tibieza, en fin, comparable a la de aquella juez. De nuevo, pelillos a la mar. That is the question…

Y si nos movemos por un momento desde el terreno de los derechos morales del autor al terreno de los derechos patrimoniales, resulta que nuestro país sigue ofreciendo un panorama desolador. En 2015, el 87,48% de los contenidos consumidos fueron piratas. Se perdieron 21.672 empleos y se produjo un daño de 1.669 millones de euros. Pero el problema es que el 25 por 100 de los ladrones de internet se excusan diciendo que “es que lo hace todo el mundo”, y el 19 por 100 creen que «eso no perjudica a nadie». That is the question…

No me pidas, amable lector, que te enseñe de manera explícita el hilo conductor de estas líneas. ¿Nos sorprende la posición innoble del Consejo de Gobierno y de los compañeros que ovacionaron al personaje Suárez? ¿Nos sorprende que los estudiantes no se manifiesten pidiendo la cabeza de un Rector que tanto está denigrando el prestigio de su Universidad y de los Grados y Postgrados que en ella se imparten? ¿Nos sorprende la juez a la que le pareció feo lo de comparar a un plagiario con Curro Jiménez? ¿También nos sorprende la actitud de esa otra universidad vendedora de libros escritos por Decanos plagiarios? ¿Nos sorprende que haya personas que piensan que los autores de cuanto ellas leen, ven o escuchan no merecen una retribución, y que incluso digan algunas que eso es un lucro ilícito? Las preguntas contienen, todas ellas, un mismo ingrediente dentro de su respuesta: vivimos en un país en el que no se valora más esfuerzo intelectual que el que cada uno hace. El que hacen los demás para nada sirve. Y por eso, se puede robar y expoliar, ya sea la literatura, el cine, la música o el software.

Para que algo comenzara a cambiar y nos podamos comparar con países de nuestro entorno, en donde hay ministros que dimiten cuando les pillan un plagio, universidades que retiran al ladrón el título de doctor y fuertes sanciones para los piratas, haría falta que nuestros políticos tuvieran la brillantez que exhibían en la sesión del 14 de noviembre de 1876, discutiendo la primera Ley de Propiedad Intelectual de nuestra historia. Se trata de aquellos ejemplares diputados como Gaspar Núñez de Arce, Manuel Dánvila, Víctor Balaguer, Emilio Santos, Mariano Carreras, Emilio Castelar o Ignacio Escobar. Y decían cosas como que “la propiedad intelectual debe disfrutar los mismos derechos, los mismos beneficios que la propiedad común y es, si cabe, más aceptable, porque más respetable que la propiedad material es la propiedad intelectual, pues ésta sólo Dios la pone en algunos entendimientos para que se creen un nombre, una posición, y con más raras excepciones, algunas veces se camina hacia la inmortalidad”.

Que así sea. Pero por favor, sin ovaciones. Por ahora, no.

Mariano Yzquierdo Tolsada

Mariano Yzquierdo Tolsada es Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Complutense.

Origen: De las ovaciones a plagiadores, estafadores, piratas y ladrones.

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Disponible el número 6 de la Revista de Derecho Privado

Ya tenéis a vuestra disposición el número 6 de la Revista de Derecho Privado correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que bajo la dirección de Silvia Díaz Alabart reúne los siguientes trabajos:

Cubierta 1-2016 de Revista de Derecho Privado de Editorial Reus

Nuevas cautelas en el ámbito de protección de los derechos del menor tras las leyes de 2015, de María José García Alguacil.
Extracto: Instituciones como la patria potestad, la tutela, el acogimiento o la adopción, entre otras, han quedado modificadas por dos Leyes, una ordinaria y otra orgánica, con tantos detractores como partidarios de ellas. Dos leyes que, en algunos puntos se revelan contradictorias con la promoción de la autonomía del menor, mientras que en otros, optan por la consideración del mismo no sólo como mero sujeto de protección sino como auténtico titular de derechos.
Pero a pesar de todo, son Leyes que han tratado de revisar el ámbito de la protección de derechos del menor, incorporando y adecuando el sistema vigente a los nuevos parámetros marcados no sólo por las demandas de una sociedad alertada por la frágil situación de muchos menores en riesgo de exclusión por motivos diversos, sino por los requerimientos de los Convenios Internacionales de los que España, tras su ratificación forma parte.
De este modo, y con estos mimbres, el legislador ha procurado modificar la normativa existente sobre la base de una búsqueda inexorable del mejor interés del menor. Solo faltará comprobar, más adelante, si a esas modificaciones les acompaña una instrumentalización adecuada para que la efectividad de las mismas sea real.

Interpretación jurisprudencial de las causas de extinción de la obligación legal de alimentos entre parientes, de María Paz Sánchez González.
Extracto: La situación de crisis económica por la que hemos venido atravesando ha dado un nuevo significado a la obligación legal de alimentos. Nuestros tribunales, recurriendo a un criterio de interpretación sociológica, se han visto obligados a efectuar una labor de adaptación de las causas legales de extinción de la deuda alimenticia a las circunstancias presentes.

Los derechos fundamentales a la intimidad, honor y protección de datos en la era digital: mecanismos jurídicos de protección, carencias y retos del legislador. De las leyes de 1982 (LOPHII) y de 1999 (LOPD) al reglamento europeo de protección de datos de 2016, de Amelia Sánchez Gómez.
Extracto: La era digital ha supuesto un impacto de gran calado en los derechos fundamentales al honor, intimidad y protección de datos, entre otros. Conscientes del carácter transnacional de la problemática referida por el constante flujo transfronterizo de datos, así como su desmesurado tratamiento, es de obligada referencia en nuestro estudio la existencia de mecanismos de protección en el ámbito europeo desde el año 1995 hasta la actualidad. En especial, será objeto de atención preferente el reciente Reglamento general de protección de datos de 27 de abril de 2016 que parece haber sentado las bases para una mayor protección de los derechos de los usuarios de internet respecto al tratamiento de sus datos personales.
En el ámbito de nuestro derecho, es objetivo prioritario del trabajo dilucidar la eficacia de los remedios de que dispone un usuario de internet cuando sus derechos fundamentales al honor, intimidad y protección de datos han sido vulnerados, así como de la tutela judicial efectiva en este ámbito.
Esta cuestión adolece de la falta de claridad necesaria por la dualidad normativa existente (LOPHII y LOPD), así como de las acciones previstas en cada una de ellas (artículos 9 y 19, respectivamente), que se complica si atendemos a la dualidad de jurisdicciones de la LOPD. Todavía más, la dificultad se hace patente desde la perspectiva procesal respecto a la legitimación pasiva por la responsabilidad en que pueden haber incurrido, además del responsable y/o encargado del tratamiento de datos, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, según lo previsto en los artículos 16 y 17 de la LSSI. El estudio realizado nos permitirá concluir que hay más retos y logros respecto a la protección de los datos personales, que en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales al honor e intimidad.

El derecho de desistimiento, gradual generalización y paulatina homogeneización en la protección de los consumidores, de Verónica de Priego Fernández.
Extracto: En el presente trabajo se analiza el derecho de desistimiento, desde su admisión excepcional en determinados supuestos hasta su actual consideración como un mecanismo altamente eficaz para la protección de los consumidores y cuyo reconocimiento va en aumento.
Para ello, se estudiará, fundamentalmente, la regulación del desistimiento en nuestra principal norma de protección de los consumidores (TRLGDCU), pero también en los instrumentos de unificación del Derecho contractual europeo y en las propuestas de reforma de nuestro Código Civil.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

Índice anual 2016 , por M.ª Patricia Represa Polo.

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covertwo

Resumen del año 2016

Despedimos 2016 en muy poco tiempo y nos gustaría hacer balance de lo que esta año ha representado para nosotros y que hemos compartido con vosotros:

catálogo editorial reusCatálogo interactivo: nuestro catálogo además de contener una descripción breve de cada libro, cada título conduce al enlace en la página web de la editorial, para que la persona interesada pueda saber más del libro, ver el vídeo en el caso de que esté disponible, profundizar más en la descripción y acceder a la compra si lo desea.

Vídeo presentación: Mediación en Salud, por Gloria NovelVídeo libro: en el mes de marzo desarrollamos el proyecto de acompañar los nuevos lanzamientos de novedades con un vídeo del autor, en donde de manera amena y breve se relata la relevancia y novedad de la obra.

videoconferenciaVídeo conferencia del libro: en colaboración con la plataforma de formación jurídica online, discentius, a muchos de los autores cuyas obras han despertado interés, se les ha propuesto la idea de desarrollar algún aspecto relevante de su trabajo en una mini conferencia. Cualquier persona puede acceder a estos contenidos de manera totalmente gratuita.

más de la mitad de nuestro catálogo en digitalMás de la mitad de nuestro catálogo en digital: por primera vez más de la mitad de nuestro catálogo vivo ya está a tu disposición en formato digital (PDF y ePub).

Feria libro de MadridFeria del libro de Madrid: por segundo año consecutivo asistimos con stand propio a la feria de libro de Madrid. En esta ocasión colaboramos con la Asociación Internacional de Mediación PACTUM, para promover desde nuestro stand la Mediación.

Firmas invitadasAhora el blog con firmas invitadas: ahora nuestros autores colaboran en el blog de la editorial, expresando sus opiniones sobre diversos temas de actualidad.

colección de insolvencia y concursoInauguramos una nueva colección en la Editorial : “Insolvencia y Concurso”. Esta colección está dirigida por Matilde Cuena Casas, Profesora Titular de Derecho Civil (acreditada como Catedrática) en la Universidad Complutense de Madrid. A fecha de hoy cuenta con dos títulos publicados.

liber 2016Liber: más de 10 años llevamos asistiendo al Liber, evento de referencia del sector del libro en español.



Premio ammi 2016Premio AMMI 2016, por el Proyecto de Difusión de la Mediación en la Feria del Libro 2016: agradecemos mucho el reconocimiento al esfuerzo que llevamos a cabo durante la Feria del Libro de Madrid.

playlist felices fiestas 2016¡Felices fiestas 2016!: hemos compartido con todos vosotros pequeñas pinceladas de las bandas sonoras de cada uno de nosotros en una playlist para desearos unas felices fiestas

Continuamos el año que viene. ¡Feliz 2017!

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Data Protection Officer

Luces y sombras del Delegado de Protección de Datos

Toda organización, pública o privada y cualquiera que sea su forma jurídica, necesita saber interpretar y aplicar la normativa que le es exigible, especialmente en materia de protección de datos personales, en armonía. Una mala lectura, interpretación o aplicación de la regulación puede dar lugar a una o varias catástrofes, aisladas o simultáneas, en forma de sanción económica en caso de comisión de una infracción; pérdida de confianza, reputación o económica, así como otras posibles repercusiones derivadas de un incumplimiento.

Hasta ahora, en el caso de España, dada la opción que siguió el legislador al transponer en su momento la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, no habíamos tenido la oportunidad de abordar la cuestión de si contar con un delegado de protección de datos (en inglés, Data Protection Officer, DPO) es necesario o no, conveniente o no. Pues bien, el Reglamento General de Protección de Datos, que se aplicará a partir de mayo de 2018, incluye dicha figura y, más allá de los supuestos específicos en los que designar o nombrar a un DPO es obligatorio, tenemos ahora la oportunidad de tratar la cuestión de por qué la misma es altamente recomendable para cualquier organización.

No cabe duda de que toda organización trata datos personales, pudiendo ser, entre otros, de empleados y/o usuarios, ya sean estos últimos clientes, ciudadanos, etc. Es así que toda organización tendrá, por tanto, que aplicar una regulación que puede resultar compleja y que aconseja contar, según cada caso, con un DPO, que en la práctica puede aproximarse más a un hombre multiorquesta, ya que atenderá por si solo a múltiples cuestiones, o a un director de orquesta, que tendrá la responsabilidad de dirigir, a su vez, a un equipo de profesionales para evitar que la organización desafine.

Incluso, de nuevo más allá de cuándo es obligatorio tener un DPO, contar con dicha figura es una oportunidad para cualquier organización, ya que, entre otras cuestiones, ayudará a mejorar procesos internos, facilitar la comunicación entre diferentes áreas e impulsar la generación de confianza con todas las partes y la competitividad o eficiencia, según el caso.

Serán las necesidades que pueda tener cada organización las que determinarán si el DPO tiene que ser un hombre multiorquesta o un director de orquesta. En cualquier caso, es fundamental que el DPO sea una persona que tenga el perfil adecuado para desempeñar las funciones que se le encomienden, lo que supone que, si bien en principio pueda ser cualquiera, no cualquiera está preparado para asumir la responsabilidad de serlo.

En este sentido, sin limitar quién pueda ser DPO, el Reglamento General de Protección de Datos da dos importantes claves que son, por un lado, que será designado atendiendo “a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho” y, por otro lado, a “la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones” que como mínimo indica el citado Reglamento. Y además, tiene que ser independiente, lo que es tanto una cualidad de la persona como una garantía, ya que la actuación del DPO tiene que estar al margen de injerencias por parte de otras personas o áreas de la organización. Cabría pensar que un perfil jurídico parte con una clara ventaja dadas las competencias y habilidades para las que han sido preparados y deben haber adquirido, entre otros, los abogados.

Sea como fuere, ha llegado ya la hora de interpretar y aplicar el Reglamento General de Protección de Datos, una obligación que suscita que sea recomendable contar con un DPO si no se quiere correr el riesgo de desafinar.

Al respecto, un análisis de esta figura y de la nueva normativa europea sobre protección de datos puede verse en la obra titulada “Reglamento General de Protección de Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad”, libro donde se desgranan las principales novedades que incorpora la nueva normativa, que será plenamente aplicable a partir de mayo de 2018. Con un prólogo del Supervisor Europeo de Protección de Datos, más de treinta autores, expertos en protección de datos procedentes de las Administraciones Públicas, las Autoridades de protección de datos, la Universidad, el sector privado, despachos de abogados y empresas, analizan las claves de una norma que supondrá un punto de inflexión en el derecho a la protección de datos en la UE y que sin duda tendrá una importante repercusión en otros países y regiones del mundo.

Miguel Recio Gayo

Miguel Recio Gayo es abogado y Master en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información.

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El número 3/2016 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia, ya está disponible

El número 3 de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia correspondiente a los meses de julio a septiembre, ya está a vuestra disposición. La revista bajo la dirección de Carlos Rogel Vide reúne los siguientes trabajos:

Cubierta de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia 03/2016

La fijación de las fuentes y del ejercicio del derecho en las codificaciones española y argentina. Análisis comparativo, de Jaime Lluís Navas.
Extracto:En este trabajo se analiza el origen y fundamento del sistema general de fuentes, la influencia del precedente histórico y la del Código Napoleón, así como las reformas introducidas respectivamente en 1974 en España y en 2014 en Argentina; y las relaciones y diferencias entre la solución hispana y la argentina. Seguidamente se compara cada una de las fuentes utilizadas en los respectivos sistemas argentino y español: la ley, la analogía, la costumbre, los principios, la Jurisprudencia y los Tratados. A continuación se estudian los condicionantes y regulación del ejercicio de los derechos y su vinculación al imperativo de buena fe: ignorancia de la ley, error de derecho, renuncia de derechos, nulidades, pactos contra ley, abuso del derecho, ejercicio antisocial, incidencia colectiva y fraude a la ley, comparando las soluciones legales argentinas con las españolas.

Mujer mayor: colectivo vulnerable que enfrenta discriminación múltiple, de Ana María Pérez Vallejo.
Extracto: El colectivo al que dirigimos nuestra investigación suma, a su mayor longevidad, otros factores que las hacen especialmente vulnerables. Se convierten a menudo en víctimas de violencia física, psicológica y también económica, muy asociada a la discriminación, no solo por razón de género, sino también por razón de edad y estado civil. Con motivo de la conmemoración BEIJING+20 y los objetivos de desarrollo (ODS Agenda Post 2015), este trabajo quiere visibilizar la posición actual de las mujeres de edad avanzada por ser un colectivo vulnerable que enfrenta discriminación múltiple. Las mujeres de esta generación escasamente accedieron a un trabajo remunerado, cuidaron intensamente de forma invisible, sin ingresos, derechos sociales y sin protección social. La prolongación de la feminización del trabajo (informal) de cuidado, y consiguiente dependencia personal y económica de otros, tiene efectos colaterales a la vejez. Las prestaciones públicas que reciben sufren efectos discriminatorios; no sólo en importe o cuantía, sino también en acceso a la protección social. De forma paralela, la ruptura de la convivencia, después de pasar el umbral de los 65 años, coloca a la mujer en mayor desventaja económica con respecto a su marido. El divorcio engendra pobreza, y además la feminiza a la vejez. Prestaremos especial atención a los obstáculos económicos que enfrentan, fruto de la acumulación durante toda una vida de discriminación y someteremos a revisión si los remedios de derecho público y privado ofrecen respuestas adecuadas para combatir el mayor riesgo a la pobreza de esta generación.

Las obligaciones alternativas. Especial referencia a su regulación en el Código Civil cubano, de Caridad del Carmen Valdés Díaz.
Extracto: Este trabajo se ocupa de las obligaciones alternativas y de sus peculiaridades. Dentro de las múltiples clasificaciones a que se someten las relaciones jurídicas obligatorias, aparece aquella que se realiza atendiendo al objeto, esto es, la prestación que debe realizar el deudor. Con base en el Código cubano, el estudio se centra en la clasificación de las obligaciones que se atiene al criterio distintivo del número de prestaciones a cargo del sujeto obligado, deslindando las obligaciones únicas u objetivamente simples y las obligaciones de objeto múltiple. Son estas últimas, evidentemente, aquellas en las que existen varias prestaciones posibles, una de cuyas modalidades lo son las obligaciones alternativas o disyuntivas, en las cuales el deudor está sujeto a realizar una de las varias prestaciones que figuran como contenido posible del vínculo obligatorio.

Medidas cautelares personales en el proceso penal. Contra la aplicación disfuncional del Derecho cautelar. Notas sobre regla de accesoriedad y competencia procesal penal, de Ricardo Yáñez Velasco.
Extracto: El juez penal competente para instruir lo es también para resolver cualquier cautela personal vinculada al proceso, competencia extendida al enjuiciamiento o a la impugnación. Sin embargo, en la práctica se prescinde de la auténtica instrumentalidad característica de las medidas cautelares. Forzando el texto del art. 544 bis LECr, donde se alude a la agravación de una medida cautelar si ésta se quebranta, se duplica el juicio indiciario entre dos órganos judiciales diferentes. Uno el que investigará ese supuesto quebrantamiento, otro el que utilizará idénticos hechos para incrementar la afectación del derecho a la libertad del inculpado. Incluso para motivar la prisión provisional, violentando la teoría general del Derecho cautelar.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

  • Crónica de Jurisprudencia , por Eduardo Serrano Gómez.
  • Legislación y Jurisprudencia de Iberoamérica , por Leonardo B. Pérez Gallardo (coordinador).
  • Crónica de Libros —primer semestre de 2015— , por Cristina de Amunátegui Rodríguez.

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Disponible el número 5 de la Revista de Derecho Privado

Ya tenéis a vuestra disposición el número 5 de la Revista de Derecho Privado correspondiente a los meses de septiembre y octubre, que bajo la dirección de Silvia Díaz Alabart reúne los siguientes trabajos:

Cubierta 1-2016 de Revista de Derecho Privado de Editorial Reus

La responsabilidad civil del habitante principal de un inmueble respecto a los daños causados por cosas que caigan o se arrojen desde el mismo, de Pedro Ignacio Botello Hermosa.
Extracto: La responsabilidad objetiva o por riesgo en la que se encuadra el artículo 1.910 del Código civil implica que los perjudicados por las cosas caídas o arrojadas desde un inmueble no deban acreditar la culpa del habitante principal del mismo. Pero, ¿qué supuestos son los que quedan englobados en el mencionado
artículo?.

La publicidad televisiva y radiofónica de bebidas alcohólicas, de Isabel Ramos Herranz.
Extracto: La admisibilidad del consumo de bebidas alcohólicas, particularmente de vino y de cerveza, en la cultura occidental es excesiva y lleva al inicio en el consumo de adolescentes. Las normas de Derecho Positivo publicitarias han de servir de freno a esta inercia; en la Ley General de Publicidad se prohíbe la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas de graduación superior a 20 y es complementada por la Ley General de Comunicación Audiovisual, que establece normas específicas. La autorregulación publicitaria está presente también para estos productos en el Derecho español, en el que existen varios códigos de conducta al efecto; en el Derecho estadounidense la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas se encuentra únicamente en normas autorreguladoras, en códigos elaborados por los propios anunciantes; régimen jurídico que tendría que ser modificado.

Uso y control de la información genética humana: dudas y retos para el derecho privado, de Inmaculada Vivas Tesón.
Extracto: Pretendemos en este trabajo presentar algunas cuestiones que para el Derecho Privado plantea la cesión y la circulación de la información genética humana, como la protección legal de la identidad genética, la titularidad de los datos genéticos, la discriminación por razón genética, así como la responsabilidad civil derivada de daños genéticos. El Derecho Privado español debe dar adecuadas soluciones a las necesidades de los avances genéticos basadas en el respeto a la dignidad y el valor de la persona.

Además, en el número completo disponible en PDF podrás acceder a:

Recensión

  • Acceso a la vivienda y contratación
    Parra Lucán, Mª.Á. (Dir.)Tirant lo Blanch, Valencia, 2015 (815 páginas) ISBN: 9788490864876.
    , por Miguel Ángel Tenas Alós.

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Premio AMMI 2016, por el Proyecto de Difusión de la Mediación en la Feria del Libro 2016

ladisoluciondelasoberaniaenelambitoestatal¡Gracias!

Nos complace mucho este premio, que compartimos junto con la Asociación Internacional de Mediación PACTUM. Desde Editorial Reus, agradecemos el reconocimiento al esfuerzo que llevamos a cabo durante la Feria del Libro de Madrid 2016, así mismo felicitar al resto de premiados y finalistas, y en general a todas las personas que día a día apuestan por la Mediación como método real y eficaz de resolución de conflictos.

ladisoluciondelasoberaniaenelambitoestatalAdemás, justo en estos días hemos lanzado el Anuario de mediación y solución de conflictos 2015. El primer anuario que se publica sobre mediación en lengua castellana. En la edición de este año, el Anuario recoge las colaboraciones sobre el papel de los abogados en la mediación, los elementos esenciales del derecho colaborativo, la mediación intrajudicial, la responsabilidad civil por daños de productos y servicios farmacéuticos, entre otros.

Participan en él Ramón Alzate Sáez de Heredia, Cristina Merino Ortiz, Itziar Fernández Villanueva, María José Ruiz García, Paulino José Fajardo Martos, María Concepción Rayón Ballesteros, Cristiano Vázquez Bulla, Helena Soleto Muñoz, Cristina Ruiz López.

Ahora puedes:

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XI Premio de artículos doctrinales sobre propiedad intelectual

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La Asociación para el estudio y la enseñanza del derecho de autor (ASEDA), en colaboración con Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) y Editorial Reus, convoca el XI Premio de artículos doctrinales sobre Propiedad Intelectual, en ejecución de sus fines estatutarios de promoción del estudio y la enseñanza del derecho de autor.

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El arbitraje y la mediación deportiva en la nueva Ley del Deporte de Andalucía

El pasado 22 de agosto entró en vigor la nueva Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. Una norma deseada largamente en el tiempo que inició su andadura con los primeros borradores allá por el 2009, y que ha dado con un compedio de nuevas disposiciones que de algún modo, viene a satisfacer las nuevas necesidades que la siempre evolutiva realidad deportiva impone en tiempos de globalización y universalidad del fenómeno deportivo.

La nueva disposición aporta numerosas e importantes novedades legislativas en el ámbito deportivo para el territorio andaluz:

  1. Igualdad efectiva.
    La principal,  la concepción del  derecho de acceso a la actividad deportiva a toda la ciudadanía como un bien de interés general, auspiciado por el principio de igualdad efectiva.
  2. Protección al consumo en el ámbito deportivo
    También importante es el reconocimiento del usuario deportivo como sujeto de protección en materia de consumo de  servicios y prestaciones deportivas.
  3. Competición no oficial
    Resulta determinante para ser considerada como una norma pionera en este campo legal de Derecho Deportivo, el reconocimiento del deporte de competición no oficial, y el deporte de ocio, apartados por tanto del sistema legal federativo, con la evidente potenciación de la iniciativa privada.
  4. Resolución de conflictos
    También es clave la incorporación del sistema legal de resolución de conflictos sin la intervención del sistema público de disciplina deportiva, ni la reglamentación federativa  en aplicación de la materia.

Sobre este último punto, en la exposición de motivos de la nueva norma deportiva andaluza ya se deja anunciado que será su título IX el  dedicado a la solución de litigios deportivos. Se trata pues de un título novedoso que  de cara a los distintos agentes del deporte y a la ciudadanía en general, tiene  como referente claro y único, la creación de un órgano llamado a resolver los conflictos que se susciten de carácter sancionador, disciplinario, de resolución de recursos en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, de control de legalidad de los procesos electorales federativos, así como para la conciliación de conflictos deportivos mediante la vía arbitral o la mediación, aspecto este último que es el que a nuestros efectos destacamos.

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Regulado en el artículo 140, la nueva norma señala que las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que se planteen entre personas físicas o jurídicas, que versen sobre materia de libre disposición conforme a Derecho, podrán ser, resueltas a través de la institución del arbitraje. Siempre, claro está, que las mismas no versen sobre al ámbito competencial del Sistema Arbitral de Consumo, por disponer de reglamentación propia.

Como viene siendo habitual en el marco normativo del arbitraje, la sumisión a sistemas de arbitraje tendrá, en cualquier caso, carácter voluntario. De suerte que las  resoluciones adoptadas bajo dicho procedimiento tendrán los efectos previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, conforme a  normas que reglamentariamente se desarrollen al efecto.

La nueva norma también prevé la posibilidad de  establecer sistemas de mediación con la finalidad de llegar a soluciones de resolución de conflictos de naturaleza jurídico deportiva, que igualmente habrá de  regularse reglamentariamente.

La norma,  de igual modo, faculta a las federaciones deportivas y  resto de entidades deportivas andaluzas,  para dotarse  estatutariamente  de un sistema de conciliación para la resolución extrajudicial de conflictos deportivos. De suerte que en cualquier caso, habrá de preverse en el mismo un contenido mínimo, en el que  deberá figurar al menos las siguientes reglas:

  • Método para manifestar la inequívoca voluntad de sumisión de las personas interesadas a dicho sistema.
  • Materias, causas y requisitos de aplicación de las fórmulas de conciliación o arbitraje.
  • Sistema de recusación de quienes realicen las funciones de conciliación o arbitraje, así como de oposición a dichas fórmulas.
  • Procedimiento a través del cual se desarrollarán estas funciones, respetando, en todo caso, los principios constitucionales y, en especial, los de contradicción, igualdad y audiencia de las partes.
  • Métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones derivadas de las funciones conciliadoras o arbitrales.

Como quiera que igualmente es materia de inminente desarrollo reglamentario, se presenta una ocasión inmejorable, para que todos cuantos nos sentimos sensibilizados con la conveniencia y bondad de este sistema, podamos aportar a la Administración deportiva andaluza, cualquier propuesta de reglamentación o iniciativa. No nos cabe duda la importancia que dicho sistema representa para el deporte, como así pone en manifiesto del Prof. Dr. Antonio María Lorca Navarrete, catedrático de Derecho procesal y de Derecho de Arbitraje de la Universidad del País Vasco y Presidente de la Corte Vasca de Arbitraje,  en sus comentarios a la  S.A.P. de Madrid de diez de noviembre de dos mil siete; la de 28 de octubre de 2008, de la misma Audiencia o el Auto de la misma de 20 de febrero del mismo año, dando cuenta en esta última,  de lo desacertado de  la adopción de medidas cautelares previas a una  demanda arbitral.

EL DEPORTE EN ANDALUCÍA:
Más de 3 millones de andaluces (42,36%) práctica habitualmente deporte.
Más de 14.000 instalaciones públicas
61 federaciones
20.000 clubes
Más de 564.000 licencias de deportistas
Más de 11.023 clubes federados
Más de 1 millón de escolares hacen deporte al salir de clase.
 Fuente de la tabla: Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía

Javier Gómez Vallecillo

Javier Gómez Vallecillo es Abogado, Presidente de la Comisión de Ética deportiva de la FEDFF, Vicepresidente de la AADD, Asesor Jurídico de la FADDF, Secretario del Xerez Deportivo F.C., Arbitro de la Cortes Vasca de Arbitraje.

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