¡Estamos en el Líber 2016!

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Entre los días 12 y 14 de octubre estaremos en la Feria Internacional del Libro (Liber) 2016, una oportunidad más de volver a retomar contactos, conocer experiencias y nuevas tendencias dentro de un sector como el nuestro, el libro, tan lleno de retos y expectativas. Pásate a saludarnos, te esperamos en el stand 236.

Además, dentro de los eventos programados, durante esos días se entregarán los galardones de los premios Líber. Como autor hispanoamericano más destacado este año figura Juan Marsé . Y la librería Cálamo de Zaragoza recibirá el Premio “Boixareu Ginesta” al Librero del Año.

Si te pasas a saludarnos (stand 236), podremos comentarte personalmente nuestra oferta editorial jurídica y darte más información sobre la plataforma de formación online jurídica y de empresa,  discentius, en la que Aula Reus es entidad colaboradora.

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La eterna búsqueda de equilibrio: Internet, menores y protección de datos

El siglo XXI, ya desde sus comienzos, ha mostrado una clara tendencia tecnológica que se ha extremado a lo largo de esta última década, caracterizándose por la llamada “Sociedad de la Información” o “del Conocimiento”, que ha convertido a Internet en una herramienta imprescindible para el desarrollo individual y colectivo, tanto para la vida personal, laboral, ocio y consumo, así como en las relaciones con la Administración, como pone de relieve la Agencia de Protección de Datos en la “Guía de recomendaciones a usuarios de internet”.

Sin embargo, es el uso intensivo que realizan los ciudadanos actualmente de las tecnologías de la información lo que plantea nuevos retos para la adecuada protección de sus derechos, destacando el derecho a la privacidad y el de protección de datos personales.

El mayor uso de la red y las amplias posibilidades de interaccionar y compartir información y datos personales, con la rápida circulación que permiten las nuevas tecnologías, como pone de relieve Red.es, provoca un mayor riesgo para la privacidad, favoreciendo la pérdida de control sobre nuestra información.

La extensión del uso de los servicios de la información ha supuesto el paso de la llamada web 2.0 a la actual 3.0, caracterizada por el “internet de las cosas”, en el que los electrodomésticos del hogar, relojes y hasta coches están conectados a internet y ya casi todo genera información sobre sus usuarios.

Esta nueva tendencia lleva implícita la conducta cada vez más habitual de compartición y cesión de información personal por los usuarios a través de redes sociales, servicios de mensajería y demás aplicaciones, en algunos casos como contraprestación a servicios pretendidamente “gratuitos”, como elemento indispensable para el ofrecimiento de ellos. Así lo muestran los datos ofrecidos por el Eurobarómetro sobre protección de datos de 2015, de los que se desprende que son los más jóvenes, menores de 24 años, los que más uso hacen de estos servicios.

En la misma línea, el estudio “Menores de edad y conectividad móvil en España” del Centro de Seguridad en Internet para los menores “Protégeles”, muestra que los menores de 14 años son usuarios habituales de aplicaciones y redes sociales. Cuestión que pone de relieve, así mismo, la Sentencia del Tribunal Federal de Estados Unidos que condena a Amazon al reintegro de las cuantías desembolsadas por menores en compras dentro de aplicaciones sin consentimiento de sus padres, por defectos en la información e identificación de los usuarios.

Con todo ello queda patente la importancia que cobra en la actualidad el requisito de la información y protección de datos en general, especialmente en el caso de los menores, como sujetos especialmente vulnerables por su desconocimiento y menor “capacidad” para evaluar y ponderar los riesgos que tiene la compartición de su información privada en la red, lo que puede exponerles al padecimiento de delitos como el ciberbullying, el sexting, grooming y suplantación de identidad, entre otros muchos.

El Derecho español protege esta información a través de la Ley de Protección de Datos y su Reglamento de desarrollo, pero es el recién aprobado Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril de 2016, la norma que supone la más actual regulación de la materia. En primer lugar, es necesario destacar que, según su artículo 3, esta normativa será de aplicación a todos los datos recabados en territorio europeo, independientemente del lugar donde se dé el tratamiento de los mismos.

Las principales novedades que nos afectan a los usuarios de la Red son:

    • El requerimiento de que la información se facilite de modo claro, en lenguaje entendible y adecuado al público al que se destine.
    • Se otorga una especial relevancia al consentimiento que habrá de ser “libre, específico, informado e inequívoco”, de modo que cada tratamiento de datos deberá requerir un consentimiento individualizado y expreso.
    • Se introduce también el llamado “derecho al olvido” o derecho de “supresión”, del art. 17, además del de portabilidad de datos, del art.20.
    • De modo específico hay que resaltar la instauración de la privacidad por diseño y por defecto, del art. 25, que requieren que las propias redes y apps que traten datos deban incorporar en su diseño el mayor nivel de protección de los datos y, por defecto, debe venir configurado el más alto blindaje de la información personal del usuario.
    • Sin embargo, la protección que ofrece a los datos de los menores es finalmente menor a la recogida en las versiones no definitivas del Reglamento, ya que no se ha incluido la obligación legal, que si recoge la normativa española, a los responsables del servicio de verificar de modo pertinente la edad del usuario, para lo que existen mecanismos tecnológicos como el DNI electrónico.
    • Además, a última hora, se ha fijado la edad mínima para el uso de servicios en línea sin consentimiento paterno en los 16 años, permitiendo que los Estados miembros determinen edades inferiores facultativamente, nunca por debajo de los 13 años, lo que provoca una nueva fragmentación al respecto en el ámbito comunitario.
    • Por último, se ha eliminado del texto finalmente aprobado la precisión en el art. 17 de la especial importancia del derecho al olvido en el caso de datos proporcionados por usuarios siendo niños, lo cual entiendo poco acertado.

En definitiva, en mi opinión, el nuevo Reglamento ofrece una mayor tutela a los datos personales, pero insuficiente en el caso de los menores de 16 años, haciendo depender en exceso esta protección de la aprobación de códigos de conducta y de las acciones centradas en la educación de los usuarios de la red desde las edades más tempranas.

Margarita Orozco González

 

Margarita Orozco González  es Contratada FPU Departamento Derecho Civil, Universidad de Granada, Investigadora Università degli Studi di Bari

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¿Por qué en una obra de teatro sólo se reconoce al autor como creador?

¿Hay de verdad solamente un creador en una obra de teatro? En una representación, por ejemplo, participan gran número de creadores, desde los propios actores y dramaturgos hasta escenógrafos, vestuaristas, diseñadores de luces, espacios sonoros o directores de escena. ¿No es sorprendente que, de todos estos creadores, en la legislación española sólo el escritor del texto sea legalmente considerado autor? A diferencia de la española, otras legislaciones europeas como la italiana y francesa han reconocido derechos a los directores de escena. En Canadá, por dar un ejemplo no europeo, se reconoce la puesta en escena como una categoría de obra dramática, y por tanto protegida por el derecho de autor.

Lo que hay detrás

En España para que una obra reciba protección legal, ha de ser considerada una obra permanente y con un soporte. Lo primero, que sean permanente, es un aspecto no recogido de manera explícita en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual, pero sí la necesidad de que exista un soporte tangible o intangible. A partir de este postulado, los trabajos creativos citados, como constituyen los trabajos del actor, o del diseñador de luces, son parte de la representación teatral, que es considerada dentro de la categoría de “obra efímera”.

Citando a Susana Navas Navarro, catedrática de Derecho civil de la Universidad Autónoma de Barcelona:

La creación del director de escena podría tener la consideración de «obra efímera» y, en la misma, yacen, a mi entender, los problemas para admitir su autoría. Por otro lado, las nuevas tecnologías han determinado que no se centre tanto el foco en la creación como en el «proceso de creación» cuando, por ejemplo, la obra es creada de forma compartida entre el director de escena, los intérpretes y el público, el cual puede participar activamente empleando o no medios electrónicos. Aquí se nos presenta un claro caso de coautoría que hace difícil su encaje, sin más, en las categorías clásicas de «obra en colaboración» u «obra colectiva» y que aboca, más bien, hacia la que se podría denominar «obra atípica». El crowdsourcing, tan de moda en los últimos tiempos, también llega al mundo teatral.

El debate con la figura del director de escena, por ejemplo,  está servido porque, aunque actualmente no es considerado autor de pleno derecho, cumple, sin embargo, todos los requisitos necesarios para ser reconocido como autor. Y ello según los requisitos creativos (requisitos estéticos), como los establecidos por la propia ley (requisitos jurídicos).

Para profundizar en la materia, os dejamos las primeras páginas de Artes escénicas y Derechos de autor, de la abogada Cristina Soler Benito. Puedes descargarte gratis una muestra del libro desde su página en la editorial. 

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Insolvencia y concurso, nueva colección dirigida por Matilde Cuena

Con el “inicio de curso”, inauguramos una nueva colección en Reus: Insolvencia y Concurso. Esta colección está dirigida por Matilde Cuena Casas, Profesora Titular de Derecho Civil (acreditada como Catedrática) en la Universidad Complutense de Madrid.

La homologación judicial de acuerdos de refinanciación

Abre la colección un primer estudio monográfico —quizá el único sobre el instituto preconcursal de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación—, uno de los cuatro posibles institutos preconcursales actualmente reconocidos en el Derecho español.

El autor, Fernando Azofra Vegas nos ofrece respuestas detalladas y concretas acercar de las lagunas existentes  en torno a los objetivos programáticos, los requisitos, las servidumbres o limitaciones y la mecánica de funcionamiento de la homologación judicial de acuerdos de refinanciación.

Visita la página del libro para descargarte las primeras páginas gratis.

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Más de 40.000 personas en España no pueden trabajar con menores

Desde el pasado  1 de marzo de 2016, serán objeto de especial seguimiento los condenados por todo tipo delitos sexuales, entre lo que tiene cabida la agresión, abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores. Ya que se registrarán los datos de todos los condenados por sentencias firmes, tanto en España como en terceros países, e incluso también se hará referencia, a delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y  pornografía.

Entra en vigor de esta forma,  un importante  registro de especial sensibilidad, al que afecta principalmente  toda actividad llevada a cabo con menores de edad. Nos referimos al Registro Central de Delincuentes Sexuales, creado por  Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre (B.E.O. nº. 312, de 30 de diciembre de 2015).

A partir de su vigencia,  será  exigible por la Junta Directiva o responsables de clubes y asociaciones y federaciones deportivas, la exhibición por parte de monitores, entrenadores, “físios”, médicos, utilleros  o  voluntarios de todo tipo, el certificado negativo de inclusión en el referido registro, para poder prestar sus servicios entre los menores de edad.

Motivo, toda entidad deportiva  que contemplen categorías inferiores, habrán de estar muy atentos para su puesta en práctica.

La obligación nace por  aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (BOE de 17 de Enero de 1996), modificado por la Ley 26/2015, de 28 de julio, del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE del 29 de julio). Dicho artículo establece que: Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. Como reza la norma.

Dicho registro contendrá la identidad de todas aquellas personas condenadas en los Juzgados españoles por delitos sexuales,  a quienes como consecuencia inmediata, les será prohibida la realización de cualquier tipo de actividad laboral, profesional o de voluntariado, en la que participen menores de edad, principalmente;  así como  cualquier persona que haya tenido una condena de este tipo. La norma del Registro contempla incluso, la posibilidad de incorporar al mismo el ADN del condenado, con el fin de facilitar el  seguimiento y control a estos delincuentes dentro y fuera de España, cuando así la acurde una resolución judicial. Los datos obrantes en el Registro se conservarán hasta que se cancelen los antecedentes penales. Y  los delincuentes afectados  podrán acceder al mismo para rectificar sus datos. Téngase en cuenta que según los datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia y publicados por eldiario.es, en el registro figuran en la actualidad 40.782 personas que han sido condenadas por algún delito de carácter sexual con independencia de la edad de la víctima

.

 

La obligación afecta incluido el cuerpo docente, ya que cualquier profesor o profesora, no podrán ejercer la docencia, si tiene antecedentes penales no cancelados por delitos sexuales.

Dicha modificación de la legislación penal, cuenta con la aprobación unánime del  pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por  entender que dicho registro responde a un interés general. Pues su finalidad queda plenamente legitimada,  al ir orientada a la prevención e investigación de la delincuencia sexual dirigida contra este sector de la población, pese a significar un ligero escollo, el supuesto de  injerencia en el derecho a la intimidad.

Sobre este particular, La Organización Médico Colegial (OMC) muestra cierta incomodidad  por la implantación entre los profesionales sanitarios del registro de delincuentes sexuales, ya que según ellos,  pone bajo sospecha a estos sanitarios y perturba de algún modo la relación médico paciente. Así, en base a la norma deontológica del sector, por la cual se regula que tanto  médico como  paciente tienen derecho a la presencia  acompañante o colaborador cuando así lo recomiende el carácter íntimo de la exploración,  la OMC ha pedido a la Administración que se restablezca la presencia de otro profesional sanitario auxiliar, en aquellas consultas que puedan plantear problemas de esta índole o puedan poner en tela de juicio su intervención.

Dicha certificación se puede gestionarse personal y gratuitamente en el enlace de la web del Ministerio de Justicia donde se puede obtener por vía telemática, en la dirección electrónica: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/tramites/certificado-registro-central

Javier Gómez Vallecillo

 

Javier Gómez Vallecillo es Abogado,Presidente de la Comisión de Ética deportiva de la FEDFF,Vicepresidente de la AADD,Asesor Jurídico de la FADDF,Secretario del Xerez Deportivo F.C., Arbitro de la Cortes Vasca de Arbitraje.

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Regreso al…

Terminan las olimpiadas, llega septiembre y queríamos continuar con el espíritu deportista. Te presentamos tres novedades en nuestra colección de Derecho deportivo, dirigida por Antonio Millán Salas.

 

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¿Hay margen para la regulación de la medicina complementaria y alternativa en España?

El hecho de que en España no se encuentre regulada la práctica de la denominada medicina “tradicional” (complementaria o alternativa) no quiere decir que esa situación sea común a la de otros países desarrollados.

 

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Por ejemplo, las prácticas de medicina tradicional caen, en EE.UU, bajo la competencia del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral (NCCIH), Agencia federal del gobierno integrada en el prestigioso NIH (o Institutos Nacionales de Salud, la mayor corporación pública dedicada a la investigación biomédica en el mundo).

 


El NCCIH tiene como objetivo la investigación científica sobre prácticas y productos de aquellos sistemas de salud que no se consideran parte de la medicina convencional u occidental, eliminando de paso los que se demuestren ineficaces o carentes de valor terapéutico. Según el NCCIH, la medicina complementaria se utiliza junto con la medicina convencional y la medicina alternativa se utiliza en lugar de la medicina convencional.

 

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No es un caso aislado. Algunos de estos sistemas tradicionales han sido también reconocidos en países de nuestro entorno más cercano. Tal como señala la OMS, Suiza se ha convertido en el primer país del continente europeo en integrar la medicina tradicional en su sistema de seguro médico obligatorio (KLV), cubriendo hasta cinco terapias complementarias: medicina antroposófica, homeopatía, acupuntura, fitoterapia, y medicina tradicional china. Una reforma constitucional- sometida a referéndum en 2009, validó estas prácticas (ahora en escrutinio) siempre que se presten por facultativos autorizados.

 


Aunque resulte paradójico, en Oriente también se han dado casos similares de reconocimiento de la medicina tradicional. Si bien es cierto que cuando se habla de medicina oriental vienen a la mente los casos de China o India, resulta interesante conocer lo ocurrido con la medicina tradicional autóctona del Japón (kampo) y las vicisitudes para su reconocimiento por el sistema nacional de salud. A diferencia de sus vecinos de continente, la medicina tradicional cayó en desuso durante el periodo Meiji (finales del siglo XIX) cuando el imperio japonés instauró un nuevo sistema universitario de formación de médicos basado en el modelo germánico, marginando con ello a los  sistemas tradicionales. Tras décadas de declive forzoso, en 1950 se constituyó la Japan Society for Oriental Medicine (JSOM), puesta en marcha por médicos que deseaban mantener vivo el legado kampo que consiguieron, a partir del estudio científico sistemático de sus parámetros clínicos, la plena rehabilitación del sistema. Desde 1967, la medicina kampo está integrada  en el seguro nacional de enfermedad  de Japón.

Como curiosidad kampo rechaza el uso en formulaciones terapéuticas de principios activos obtenidos de partes del cuerpo (sea animal o humano; vivo, sacrificado, o muerto), a diferencia de otros sistemas orientales mucho más conocidos en occidente.

 

¿Cuál es el denominador común entre EE.UU, Suiza y Japón respecto a las medicinas “tradicionales”? Precisamente eso, que son “medicinas” cuya práctica está reservada a “médicos” con la titulación requerida…

 

En este proceso de  rehabilitación cabe ver también aquí un cambio de sensibilidad de la sociedad occidental respecto al concepto de atención médica personalizada.

No debemos olvidar que la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud se ha mantenido sin cambios desde la Segunda Guerra Mundial:«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»

Sorprendentemente, ahora se reconoce que para mantener una condición saludable en un entorno cambiante es necesario contar con una buena respuesta personal ante circunstancias adversas.
De aquí la importancia de la alostasis, que se define como «el estado fisiológico o los cambios de comportamiento necesarios para estabilizar el sistema biológico» y combina la capacidad del cerebro y del cuerpo para hacer frente a un entorno cambiante con la resilencia, o  capacidad de un organismo para responder a los factores de estrés.

En definitiva la respuesta depende de la aptitud del individuo, en la que influyen sus valores culturales, educativos  o religiosos.

Hablar de creencias y deseos (tan consustancial a la medicina “tradicional”) parece ajeno al pensamiento científico imperante. El que algunas cuestiones sean éticamente complejas no impide que se aborden de forma equilibrada y objetiva. Como ejemplo, la siguiente información NIH, que enlaza de alguna forma con la noción intuitiva de que las personas de fuertes convicciones éticas o religiosas parecen resistir mejor los estragos de la enfermedad.

 

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Análisis de la germanía: la inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia 82/2016 (con voto particular), declara inconstitucional la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial (en adelante, LREMV) [recordar que dicha norma fue modificada en su momento por Ley 8/2009, de 4 de noviembre (BOE núm. 301, de 15 de diciembre de 2009)].

Dicha norma contenía mucho más que un régimen económico matrimonial propio, ya que regulaba figuras de especial protección familiar y en pro de la igualdad (cargas familiares, retribución del trabajo en casa, atención a hijos discapacitados, personas mayores, y colaboración en la actividad del otro cónyuge, así como normas aplicables al caso de violencia de género (predetracción del ajuar doméstico; adjudicación preferente el uso de la vivienda habitual…), pero también contenía una figura peculiar que era la germanía (arts. 38 y sigs. LREMV, actualmente anulada).

dineroyanillosPoco conocida, aunque sí que fue utilizada, como hemos tenido constancia al consultar en notarías de la ciudad de Valencia, podía comprender alguno/s bienes de los esposos, pudiéndose modificar durante su vigencia, aportándose o excluyéndose bienes (art. 39 LREMV, actualmente anulada). Y, además, que dichos bienes, los agermanados, respondían en el caso de que no fueran suficientes los bienes propios de los cónyuges respecto a sus deudas particulares (art. 42.2 LREMV, actualmente anulada).

Se trataba de una comunidad conjunta o en mano común de bienes, extraordinariamente flexible en cuanto al momento de su constitución (antes, durante o después) y de su formalidad (carta de nupcias o documento público de adquisición del bien). Se trataba, pues, que dentro del régimen de separación de bienes que establecía la Ley, se podía sujetar uno o varios bienes, a un régimen similar al ganancial.

Las principales características de esta figura eran las siguientes:

a) Se constituía mediante pacto entre los cónyuges, en carta de nupcias o capitulaciones.

b) Se podía constituir en diversos momentos, incluso con posterioridad modificando o complementando la carta o capitulaciones.

c) Muy flexible, ya que se podía agermanar o desagermanar los bienes sin necesidad de capitular, bien en escritura pública, donación, testamento.

d) Los bienes estaban afectados al levantamiento de las cargas del matrimonio.

e) Son comunes de ambos cónyuges, lo que dentro de un régimen de separación, estos bienes tenían un funcionamiento diferente.

f) Para administrar y disponer de ellos, se necesita al consentimiento de los dos cónyuges, que podía, en caso de no consentir uno de ellos, a la instancia judicial supletoria. El Juez, en este caso, ponderaría el interés de la familia.

g) Régimen de ineficacia del acto sobre un bien agermanado al que no haya prestado su consentimiento uno de los cónyuges.

h) Diversas formas de extinción: mutuo acuerdo; disolución matrimonio, separación del matrimonio, o si el matrimonio se declaraba nulo.

i) Regulación de las normas de liquidación, y posibilidad de disociar la nuda propiedad y el usufructo de todos los bienes antes agermanados.

¿Qué ocurre ahora?

La cuestión que se nos plantea es que después de la Sentencia y desaparecida la figura de la germanía, si los cónyuges deben acudir a capitular, podrían establecer un régimen similar sobre un bien, teniendo en cuenta el régimen del Código civil. Y aún así, y como se puso de manifiesto en la Mesa Redonda celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, el 27 de junio, de 2016, qué pasará con las germanías constituidas al amparo de la LREMV, y cómo se articulará su liquidación, teniendo en cuenta que las normas que lo contemplaban ya no están vigentes, y que se aplicará la regulación del Derecho común.

A esta Sentencia que afecta al Derecho civil foral valenciano hay que añadir la Sentencia 110/2016, de 9 de junio, respecto de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana, que estima en parte el recurso de inconstitucionalidad y que también cuenta con voto particular (BOE núm. 170, de 15 de julio de 2016).

Francisca Ramón Fernández

 

Francisca Ramón Fernández es Profesora Titular de Universidad de Derecho civil en la Universitat Politècnica de València.

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¿Está el consumidor en una posición vulnerable?

Hace pocas semanas escuchaba en la radio un anuncio que la propia Bankia devolvería el dinero de las preferentes, sencillamente si ese era su caso, se podía pasar por cualquier oficina Bankia, y se arreglaba el asunto.

El eslogan resulta llamativo “sigamos trabajando”.

Me acuerdo que cuando escuché ese anuncio por primera vez, me acordé de las frases que a veces adoptamos como “mi banco”, “voy a mi banco y me lo arreglan en un santiamén” “mi seguro”. Hace bastante tiempo que ya no escucho ese tipo de expresiones. Ya no nos agenciamos marcas o imágenes de compañías como propias.

En un año vamos a cumplir una década, que estamos conviviendo con una crisis, unos pueden decir que estamos saliendo, que estamos en una postcrisis. No voy a entrar en ese debate, creo que durante todo este tiempo la sociedad ha cambiado, y el consumidor de 2016 no es el mismo que en 2007, una serie de acontecimientos, han cambiado el perfil. El consumidor actual no es esclavo de nada, es infiel a casi todo, excepto a lo auténtico.

Hace algo más de un año, My Word, elaboraba un excelente estudio mikroscopia en donde sus resultados dejaban claros la tendencia, aparte de identificar a un nuevo roll de consumidor, el consumidor rebelde, algunos de los datos que traslada el estudio son dignos de consideración:
El 25% de los ciudadanos encuestados siente rechazo por las grandes empresas y de ellos:

  • el 41% recurre al mercado de productos de segunda mano.
  • el 32% ha modificado sus hábitos de consumo y compra desde el inicio de la crisis, cambiando de supermercado para buscar ofertas.
  • el 55% cambiar las marcas principales por otras más baratas.

A esta relación, las marcas captan el mensaje y apuestan por hacer un guiño al consumidor rebelde , desarrollando acciones cívicas y transparentes toda una carrera para mantener la relevancia frente a los ciudadanos cada vez más desencantados y hartos inaugurando lo que se ha llamado como “branded government” o “economía de la reputación”.

¿Pero qué subyace de todo esto, qué está pasando? Creo que una palabra es clave en todos estos años ha sido, desconfianza.
Durante todos estos años, la opinión pública, hemos desayunado con noticias realmente alarmantes, en donde no cabía a veces ningún tipo de reparo, por parte de los gobiernos y las empresas. Una mañana nos levantábamos con subidas encubiertas de los recibos de la luz, dos semanas después, éramos testigos de cómo compañías gasísticas o de hidrocarburos se ponían de acuerdo para jijar el precio del gas o del litro de diésel. De repente un día te enterabas que un familiar, vecino, o alguien próximo había perdido los ahorros de su vida o gran parte de ellos se habían esfumado por confiar en el director de “su banco” y comprar acciones preferentes, y así un largo periplo de noticias durante todos estos años que hacían irrisorios los episodios para darse de baja de una compañía telefónica.
Asistíamos expectantes a capítulos en donde la población más débil, con menos recursos de conocimientos, o más vulnerables a ser objetos de abusos, eran el objetivo de las empresas y directivos sin reparos por ver sus cuentas de resultados en números positivos a toda costa, sin importar a costa de quien.
seguridad-alimentaria-y-derecho-de-danos/9788429018783/De esos lodos vienen estos barros cuando vemos como últimamente las noticias por parte de la justicia son más alentadoras para la gente que ha sido objeto de abusos, al no haber podido decidir en igualdad de condiciones a consumir ciertos productos o servicios. Porque seamos sinceros por poner un ejemplo un fiador familiar hubiera realmente fiado al otro si realmente hubiera sabido que estaban respondiendo a una deuda ajena con el total de sus bienes, incluida su propia vivienda y que respondían del total del préstamo , más sus intereses y comisiones por una cantidad incluso mayor a la garantizada con la hipoteca , que responderían incluso aunque la casa hipotecada fuera adjudicada al banco y sin tener que ser avisados si el deudor incumplía la obligación principal…
De manera oportuna aparece Consumidor Vulnerable, un recorrido por la legislación nacional y europea analizando las vulnerabilidades de los consumidores y como están contenidas en las resoluciones judiciales de los distintos Tribunales, con un especial estudio a los clientes minoristas, personas discapacitadas, los fiadores que garantizan una deuda familiar.

seguridad-alimentaria-y-derecho-de-danos/9788429018783/Si estás interesado en el tema Aula Reus ha diseñado Cuestiones actuales de Derecho de Consumo con un gran equipo en el que se encuentra también la autora de Consumidor Vulnerable, María Dolores Hernández Díaz-Ambrona.

 

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De por qué asistimos al I Encuentro Redes Sociales y Community Management en el sector legal

Esta tarde asistiremos al I Encuentro Redes Sociales y Community Management en el sector Legal que tiene lugar en Madrid. Asistimos y apoyamos esta iniciativa pionera por varios motivos, pero destacamos dos:

  • Nos parece muy atractivo y necesario el proyecto Instituto de Innovación Legal (IIL), que organiza el evento. Creemos que la llegada de lo digital y lo tecnológico al sector legal es en realidad cosa del pasado (ya está aquí desde hace tiempo) y que en los próximos meses/tiempos asistiremos a una aceleración de este proceso de implantación de nuevas tecnologías. Es necesario una herramienta como el IIL que sirva de punto de encuentro entre juristas y tecnólogos, de herramienta de reflexión y de motor de cambio.
  • Tenemos muchas ganas de aprender y la cartelera de ponentes promete. ¿Cómo es el día a día en la comunicación de un despacho, de un portal jurídico de referencia,  de un grupo de comunicación y servicios jurídicos, de un…? ¿Cómo optimizar el tiempo que se emplea en las tareas de comunicación cuando no hay tiempo? ¿Quién es en definitiva el community manager y cuál es su posición dentro de la empresa? ¿Y para un pequeño despacho?

Quien no pueda asistir, puede ver el evento retransmitido en directo en streaming desde: http://livestream.com/accounts/3162099/events/5754182

Amanda Guglieri

 

Amanda Guglieri es responsable de Márketing, Comunicación y Producto en Aula Reus/Editorial Reus.

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