Para el 13 o el 20 de diciembre se prevé que haya elecciones generales en España. Entre otras cosas, lo que hay sobre el tapete es la posibilidad de que muchas de las leyes y reformas de los últimos años sean sujetas a nuevas revisiones, incluida la Ley de Propiedad Intelectual, ya reformada a su vez en diciembre de 2014 .
El actual ministro de Educación, Cultura y Deporte ha argumentado que presentará antes de acabar la legislatura una serie de reales decretos en lo referente a la Ley de Propiedad Intelectual, como la “determinación de las tarifas generales para la remuneración por la utilización de repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual”.
¿Sabías que el concepto de copia privada existe desde 1987? El derecho de compensación equitativa tiene por objeto compensar a los titulares de derechos por el daño que producen las copias que todos realizamos. La cuantía estimada por la Administración Pública respecto a la compensación equitativa ha pasado de 115 millones de euros en el ejercicio 2011, a los 5 millones de euros para los ejercicios 2012 y siguientes, manteniéndose siempre la misma cantidad, lo cual pone una vez más de manifiesto que el actual mecanismo compensatorio no asegura en modo alguno una remuneración justa y adecuada a los autores. A este respecto CEDRO, SGAE, DAMA, y VEGAP, el pasado 15 de abril de 2015 han interpuesto un recurso.
Dentro de este contexto, ponemos a tu disposición una monografía de rabiosa actualidad, El derecho de compensación equitativa por copia privada, un debate abierto en la jurisprudencia de Javier Avilés García, que pone el dedo en la llaga al plantearse la siguiente cuestión: ¿puede traspasarse una obligación de naturaleza netamente privada a cuenta del erario público?
Dentro de nuestra Colección de Propiedad Intelectual, esta obra desmenuza con espíritu crítico tanto las bases como los últimos acontecimientos en torno a este derecho, desde su nacimiento, hasta la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de 2014 o la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad en marzo de 2015.