Rosario de Vicente Martínez

Rosario de Vicente es Catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Recientemente ha publicado Siniestralidad vial, delitos imprudentes y fuga, monografía en la que aborda las últimas modificaciones incluidas en el Código penal sobre estos nuevos delitos.

Esta entrevista se ha realizado mediante un cuestionario de preguntas enviado y contestado por correo electrónico.

En España las cifras de siniestralidad se han reducido significativamente en la última década, ¿se puede llegar a bajar a cero las muertes por siniestros viales?

El que se hayan reducido las cifras sobre siniestralidad vial no significa que se pueda llegar a una cifra cero en fallecidos en carretera. Ojalá se pudiera, pero hablar de una cifra cero es situarnos en un plano de deseos y quimeras.

El Plan Estratégico de Seguridad Vial aprobado para el periodo 2011-2020 se propone alcanzar la tasa de 37 fallecidos por millón de habitantes por accidentes de tráfico en 2020 frente a los 59 muertos por millón de habitantes actuales, esto es, reducir un 40% los fallecidos en accidentes de tráfico. Si ello se consigue, será un éxito.

¿Cuál en tu opinión debería ser el papel de las leyes para evitar los siniestros viales?

 Más que hablar de Leyes, hablaría de otras actuaciones que pueden ayudar a reducir el número de accidentes de tráfico como mejora de las infraestructuras viarias, modificación de trazados, mejora de la conducción, eliminación de puntos negros, instalación en nuestras carreteras de un mayor número de radares, erradicación de los pasos a nivel, utilización de los últimos avances tecnológicos en la fabricación de vehículos (alcohol-lock, limitadores de velocidad, etc.), mejor y suficiente señalización, mayor número de agentes de tráfico, cambio de los actuales sistemas de protección anti-salida o también llamados guardarraíles o quitamiedos, mejora de los medios de asistencia que deban intervenir cuando se produce un accidente, control de los videojuegos relacionados con los coches y la velocidad, mayor control de internet y educación vial.

Hay una frase que resume todo lo anterior: “la rectificación de curvas, la supresión de pasos a nivel y de rasantes ahorra más vidas que centenares de sentencias condenatorias por severas que sean”.

La Ley Orgánica 2/2019 recoge modificaciones en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor, ¿cuáles son las principales modificaciones?

La primera modificación es la introducción de tres supuestos que siempre se van a considerar imprudencia grave por disposición de la Ley: los casos de conducción con exceso de velocidad, la conducción etílica o la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.

La segunda modificación es la asociación de la imprudencia menos grave a la existencia de una infracción grave del artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Si la imprudencia es calificada de leve siempre se derivará a la vía civil independientemente de cuál sea el resultado lesivo.

Y, finalmente, el aumento de la punición de este tipo de conductas imprudentes.

 ¿En qué consiste el nuevo delito de fuga por abandono del lugar del accidente (art. 382 bis)?

Según la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 2/2019, lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico.

La incorporación de este nuevo delito de fuga o abandono de la escena del accidente se justifica en la Exposición de Motivos en “el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclista por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor”, cuando, según las cifras que expuso en su comparecencia el Fiscal de Seguridad Vial ante la Comisión de Justicia del Congreso, durante 2016, de 174.679 conductores implicados en accidentes con víctimas, solo se dieron a la fuga 1.028, lo que supone el 0,6% del total.

¿Se justifica esta incorporación existiendo ya el delito de omisión del deber de socorro? ¿En qué se diferenciarían uno del otro?

Para el legislador se busca evitar el concurso de normas entre el delito de fuga y el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195.3 del Código Penal para los casos de lesiones a través de la previsión contenida en el texto, de subsidiariedad de este delito respecto del aquél, refiriéndolo a los casos de personas que sufran lesiones graves, pero en las que no concurran los requisitos del peligro manifiesto y grave que exige la omisión del deber de socorro.

El delito de fuga sería de aplicación fuera de los casos contemplados en el artículo 195, esto es, cuando no se haya originado una situación de desamparo y de peligro grave y manifiesto en alguna de las víctimas. Por tanto, tras la reforma penal de 2019, si la víctima ha fallecido o se encuentra debidamente asistida o, sin estarlo, no se encuentra en peligro grave y manifiesto, la fuga será atípica, como hasta la reforma penal, sino que será de aplicación el nuevo artículo 382 bis del Código penal.

Se crea, por tanto, un deber personalísimo de permanecer en el lugar, que no cesa, aunque la víctima esté siendo atendida por otras personas o haya fallecido, ya que el nuevo delito no consiste en un deber de socorro sino en un deber de permanencia en el lugar de los hechos, de permanecer junto a la víctima, aunque no se haga nada o con independencia de la eficacia que pueda tener su auxilio.

Las principales diferencias: mientras no hay delito de omisión del deber de socorro si la víctima fallece o está siendo atendida, con el nuevo delito se cubre este espacio: hay delito cuando se abandona el lugar del accidente; mientras el delito de omisión del deber de socorro requiere que la víctima se encuentre en peligro grave y manifiesto, el nuevo delito de fuga no requiere que se encuentre desamparada y en dicha situación de peligro.

¿Qué aspectos han quedado fuera de esta Ley Orgánica que a su juicio podría contribuir a reducir las cifras de siniestralidad vial?

Como he comentado antes no todo se soluciona con la publicación de Leyes en el BOE. Si la solución a la seguridad vial se reduce a modificar el Código Penal, es que algo está fallando en las políticas preventivas de seguridad vial que deben dan un valor preferente a la educación.

La clave para la reducción del número de accidentes y, por tanto, de heridos y fallecidos en nuestras carreteras está en una educación vial desde la escuela y la familia.