¿Es necesaria la tutela penal de la ocupación de bienes inmuebles?

El Código Penal de 1995 ha reintroducido como delito la ocupación pacífica de bienes inmuebles. Tras la última reforma del Código penal por Ley Orgánica 1/2015, un error del legislador ha degradado esta conducta de delito menos grave a delito leve, con las inevitables consecuencias procesales y sustantivas que ello ha supuesto y que indudablemente generará un “efecto llamada” a la delincuencia.

Despenalización de la ocupación de inmuebles

Desde la entrada en vigor del Código penal de 1995 hasta hoy ha existido una oposición por diversos operadores jurídicos a la aplicación de este precepto legal, una gran permisividad institucional a favor de la ocupación, y diversos intentos parlamentarios de derogación. Así, algunas asociaciones de jueces y de abogados han mostrado la necesidad de derogar el artículo 245.2 del texto punitivo.

En la VI Legislatura (1996-2000) y VII Legislatura (2000-2004) se han presentado un total de cuatro Proposiciones de Ley Orgánica para la despenalización de la ocupación de inmuebles ajenos que no constituyan morada proponiendo que el apartado 2 del artículo 245 quedase sin contenido y que los Jueces y Tribunales procediesen a revisar de oficio las sentencias condenatorias dictadas en aplicación de dicho tipo penal.

Sobre el principio de intervención mínima

No falta un sector doctrinal y jurisprudencial que, al amparo del manido principio de intervención mínima, pretende restringir el ámbito de aplicación del artículo 245.2 del Código penal, so pretexto de existir una protección del patrimonio inmobiliario en el orden jurisdiccional civil a través de la asimilación del ocupa al precarista, las acciones registrales (art. 41 Ley Hipotecaria), petitorias y posesorias (juicios verbales de tutela sumaria de la posesión); y desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, una protección del patrimonio inmobiliario en la vía administrativa.

Barcelona, foto de https://pixabay.com/en/users/JohannesW-539426/

No puede desconocerse que el llamado por la doctrina principio de intervención mínima no está comprendido en el de legalidad ni se deduce de él. Reducir la intervención del Derecho penal, como última “ratio”, al mínimo indispensable para el control social, es un postulado razonable de política criminal que debe ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero que en la praxis judicial, aun pudiendo servir de orientación, tropieza sin remedio precisamente con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y la penas, cuáles deben ser los límites de la intervención del Derecho penal.

Y si no ha de darse un exceso en la punición (sanción penal) de aquellas conductas de escasa transcendencia y relevancia social, tampoco es ni político-legislativa, ni constitucionalmente admisible, la bagatelización de determinados bienes jurídicos nucleares protegiéndolos exclusivamente mediante infracciones administrativas o ilícitos civiles.

En Europa, prisión

No sólo la Fiscalía General del Estado (Circular 1/2015) descarta expresamente la catalogación de la ocupación pacífica como “delito bagatela”, al excluir explícitamente este delito del principio de oportunidad reglada, sino que en el entorno europeo se sigue una política criminal de tipificación de estas conductas (Inglaterra, Holanda, Alemania).

Frente a la inicial permisividad que se dio en el entorno europeo hacia las conductas okupas (a través de la mediación, institucionalización, o legalización de las okupaciones…), con el transcurso de los años se ha terminado sancionando las mismas con penas hasta de prisión y estableciéndose, en ocasiones, modalidades agravadas por la comisión multitudinaria o la actuación en grupo (dos o más personas).

La importancia de los bienes jurídicos que se tutelan en el delito de ocupación pacífica de bienes inmuebles justifica la necesidad de la tutela penal de tales conductas. En la obra “La ocupación de inmuebles en el Código penal español” (JIMÉNEZ PARÍS, J.M., 2018) publicada por la editorial Reus, se argumenta la necesidad de tipificación de esta conducta antisocial para equiparar la protección de la propiedad rústica a la urbana, y colmar una laguna legal; para otorgar coherencia interna al Ordenamiento jurídico, y dar cumplimiento al principio de proporcionalidad de las penas; y también para tutelar el patrimonio inmobiliario y aquellos otros bienes jurídicos que se protegen a través de esta figura delictiva.

Asimismo, se analiza cómo la función social de la propiedad, desligada de la política social e intereses de la colectividad, no puede ser soporte para argüir la exclusión de la protección penal. En la obra también se distingue entre las acciones de ocupar y usurpar.

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