El “quién se queda con la casa” tiene un valor económico

Una de las cuestiones más problemáticas que suele presentarse en las situaciones de crisis matrimonial es la de la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges. Puede resultar hasta cierto punto comprensible que los cónyuges entren a disputar quién se “quedará” con el derecho de usar dicha vivienda, pues el acceso a una nueva implica la realización de un importante desembolso económico para cualquier ciudadano medio, esfuerzo que se agrava considerablemente en tiempos de crisis como los que seguimos viviendo.

Por eso, no es de extrañar incluso que el trasfondo de muchos de los conflictos vinculados a la guarda y custodia de los hijos sea precisamente el de la atribución de la vivienda familiar, ya que el artículo 96.1 CC determina que “en defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden”.

Esto es, el derecho de uso se otorga a los hijos menores de edad y, reflejamente, al cónyuge que asume su guarda y custodia (art. 92 CC), de ahí el interés en ser el custodio directo.

Pero realmente, el problema fundamental reside en que se concibe a la atribución del uso de la vivienda familiar como un acto naturalmente gratuito, con total independencia de quién sea su titular dominical o de la situación económica real de cada uno de los cónyuges. Esto es, resulta indiferente el hecho de que la propiedad del inmueble sea exclusiva del cónyuge no custodio de los menores, o que éste se encuentre en paro, o en concurso de acreedores, ya que será el cónyuge custodio el que perciba el derecho de usar la vivienda familiar sin tener que pagar nada a cambio. Y es obvio que esta manera de concebir las cosas acaba provocando situaciones de injusticia flagrante en muchas ocasiones.

En situación de indigencia

Así, cuando la vivienda sea propiedad exclusiva del cónyuge no custodio, éste se verá obligado a seguir satisfaciendo las cuotas del préstamo hipotecario, el Impuesto de Bienes Inmuebles, los gastos de comunidad, y, además, habrá de afrontar los gastos de alquiler o compra de una nueva vivienda (por supuesto, adicionalmente satisfará la pensión de alimentos y, en su caso, la compensatoria).

Con este panorama, no es de extrañar que en ciertos casos el cónyuge acabe en una situación de “indigencia absoluta” que, según la jurisprudencia más reciente, puede ser causa suficiente para que quede exento de pagar incluso el “mínimo vital” o “mínimo de subsistencia” de la pensión de alimentos. F

laco favor para los menores de edad y flagrante contradicción con la necesidad de proteger su interés superior en todo caso.

Pues bien, se puede poner coto a este tipo de situaciones simplemente reconociendo, como se hace tanto en el Derecho comparado como en ciertas leyes del Derecho Civil autonómico, algún tipo de compensación económica que coadyuve a paliar el desequilibrio económico que el cónyuge no usuario de la vivienda familiar puede padecer. En este sentido, hay dos opciones posibles: la compensación indirecta y la compensación directa. La “compensación indirecta” consiste en tener en cuenta la aportación del derecho de uso de la vivienda familiar en el momento de calcular la pensión de alimentos y/o la pensión compensatoria que habrá de pagar el cónyuge no usuario. En otras palabras, el derecho de uso se considera como una contribución in natura o en especie que, lógicamente, habrá de disminuir la cuantía de las citadas pensiones. La vía de la “compensación directa” pasa por reconocer al cónyuge no usuario una remuneración pecuniaria por la pérdida del derecho de uso sobre la vivienda.

Personalmente estoy convencido de que el reconocimiento de algún tipo de compensación económica a favor del cónyuge titular en exclusiva o en régimen de copropiedad (pero no usuario) de la vivienda familiar es una medida que puede llegar a ser muy útil, y no sólo porque logrará poner coto a ciertas situaciones de abuso y enriquecimiento injustificado, sino porque disminuirá sensiblemente la litigiosidad en torno a esta cuestión y permitirá proteger de una forma mucho más eficiente y real los derechos de los hijos menores de edad.

Para ampliar más sobre esta cuestión, acabamos de publicar el libro “Menores y crisis de pareja“, en el que participa el autor de esta entrada.

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